El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha registrado este miércoles una pregunta en el Congreso acerca de los «graves problemas» vividos en las oposiciones de acceso al profesorado en diferentes comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, y plantea al Ministerio de Educación si «prevé la intervención de la Alta Inspección de Educación para aclarar las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales y los aspirantes afectados».
Valero, que suscribe la iniciativa junto a los también parlamentarios Nahuel González y Txema Guijarro, pretende propiciar un pronunciamiento del Ministerio y exponga sus planes ante los «graves problemas en los procesos selectivos a los cuerpos de personal docente de Enseñanza Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial» en distintas comunidades autónomas, entre las que menciona los casos, además de Andalucía, de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, según una nota de este partido.
El líder de IU Andalucía argumenta en su iniciativa la «gran preocupación» generada en «la comunidad educativa y en los sindicatos representativos del sector», entre otras cuestiones, por lo que inquiere al Gobierno si prevé la intervención de la Alta Inspección de Educación» ante los problemas denunciados.
La pregunta advierte entre el cúmulo de problemas detectados las «pruebas mal diseñadas y, en muchos casos, imposibles de resolver en un formato de proceso anticuado y mal organizado» o la existencia de «temarios obsoletos».
A ello le acompañan la «falta de criterios homogéneos entre tribunales, incluso dentro de las mismas comunidades y de las mismas especialidades», el «retraso en la publicación de los criterios de evaluación», conocidos solo días antes de las pruebas «afectando a opositores que llevan años preparando este proceso», sin olvidar asuntos más concretos como la «penalización excesiva por faltas ortográficas y cuestiones formales», a partir de la «consideración subjetiva de las ‘faltas’, que puede derivar en un criterio de exclusión interpretable por cada tribunal».
Los diputados del Grupo Sumar reclaman al Ministerio de Educación que aclare si «valora introducir cambios normativos que impidan que los criterios de invalidación de pruebas difieran entre tribunales».
A los diputados firmantes les preocupa el hecho de que el resultado final de «dichos procesos» pueda «contribuir a debilitar la escuela pública» y por ello lo trasladan a los máximos responsables del Ejecutivo para que expongan su opinión.
EL MINISTERIO DEBE DISEÑAR UN NUEVO MODELO DE ACCESO
«Es urgente -ha destacado Valero- que el Ministerio abra un proceso de diálogo en las mesas de negociación con las fuerzas sindicales para diseñar un nuevo modelo de acceso que garantice la transparencia, el respeto a la profesión docente y la cobertura de las necesidades del sistema educativo público».
Los tres parlamentarios que suscriben la iniciativa creen que solo de esta forma podrá hacerse frente con garantías a problemas que están sobre la mesa y evitar que se repita la «frustración» y el «perjuicio económico y profesional para las personas opositoras, que se sienten maltratadas por un procedimiento poco transparente».
Advierten de que han quedado «vacantes y sin adjudicar» por lo ocurrido «cientos de plazas de la Oferta de Empleo Público de las diferentes especialidades -especialmente en comunidades como la Región de Murcia-, lo que supone mantener altas tasas de empleo temporal, frenar la estabilización y dificulta el correcto funcionamiento de la Escuela Pública» y han advertido que de esta forma «las administraciones públicas vuelven a incumplir el mandato judicial europeo de reducir la interinidad por debajo del 8%».
A todo ello se le añade en algunos territorios la «salida forzosa de profesorado interino de las bolsas de empleo al no poder completar el proceso selectivo», lo cual «en la práctica puede equivaler a la perpetuación en la rotación en el empleo y un ERE encubierto masivo».
