Manuel Vela señala que la arrendataria, de la que Salado habría supuestamente revelado datos especialmente sensibles y privados a la inmobiliaria, presentó a finales en junio ante la Guardia Civil una denuncia por amenazas
El Grupo Municipal VOX Chiclana ha pedido explicaciones al delegado municipal de Vivienda, Francis Salado, sobre su presunta participación en la supuesta revelación de datos personales, coacción y estafa a la inquilina de una vivienda de alquiler en Chiclana. Para explicar esta situación, el portavoz municipal de VOX, Manuel Vela, ha detallado la cronología de los hechos que le ha transmitido la propia arrendataria de este inmueble. Hechos que derivaron en la correspondiente presentación ante la Guardia Civil de una denuncia por amenazas el pasado 24 de junio.
El portavoz detalla que, según la inquilina, el alquiler de su vivienda fue directamente gestionado con una empresa inmobiliaria a través de la Delegación Municipal de Vivienda, por el mismo delegado municipal al frente de la misma, Francis Salado, y otra persona autorizada por la empresa inmobiliaria, tal y como reza el contrato de alquiler firmado el 22 de octubre de 2024. Esta persona autorizada, que el delegado puso en contacto con la arrendataria, cuenta además en su haber con una denuncia por estafa.
La denunciante paga por el alquiler de esta vivienda 550 euros mensuales, de los que el Ayuntamiento subvencionaba cada mes, y durante medio año, 330 euros. Esta subvención se aprobó el pasado mes de diciembre y expiró en junio, señala VOX.
Por otro lado, la inquilina pagó 5.000 euros en concepto de fianza a la persona autorizada, que aparece en el contrato de alquiler junto al concejal. La arrendataria, explica Vela, indica que el destino de este dinero, que también viene recogido en este contrato, se desconoce y aclara que incluso la empresa de alquileres no llegó a recibir esta suma.
Total Manuel Vela
El portavoz señala que desde marzo se lleva coaccionando a la inquilina para que rompa voluntaria y prematuramente el contrato suscrito, a pesar de que la validez del mismo es de cinco años y se formalizó el pasado mes de octubre.
