La Comisión Europea y Reino Unido tienen ya sobre la mesa un texto consensuado que dibuja el marco de las relaciones tras el Brexit, con el objetivo de lograr un ambicioso acuerdo comercial y crear el vínculo más estrecho posible para cooperar en áreas como la seguridad, según la declaración política hecha pública este jueves, en la que no aparece mención alguna a Gibraltar a pesar de las exigencias de España.
Se trata de un documento sin valor jurídico pero que funcionará como punto de partida para negociar un acuerdo más amplio a partir del 30 de marzo de 2019, cuando Reino Unido sea ya un país tercero, y que empezaría a aplicarse cuando expire el periodo de transición previsto hasta diciembre de 2020.
Durante la transición, los británicos seguirán bajo las reglas comunitarias y la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), pero no estarán presentes en las instituciones de la UE, por lo que no tendrán ni voz ni voto.
Este periodo se podrá prorrogar una sola vez, si no hay acuerdo de futuro a tiempo, para alargar la fecha de la desconexión definitiva «uno o dos años», según la última actualización del Tratado de Retirada, enviado este mismo jueves por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, que a su vez lo ha remitido a las capitales de los 27 para recibir su visto bueno.
Tanto la declaración política sobre el futuro como el acuerdo de divorcio del Brexit están siendo examinados por los Veintisiete, a la espera de que puedan ser «finalizados y formalizados» el próximo domingo en una cumbre extraordinaria en Bruselas por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
Aunque falta el último respaldo de los líderes –que debe producirse por unanimidad de los estados miembro–, tanto Tusk como Juncker han indicado que los dos documentos «han sido acordados a nivel de negociadores y hay un acuerdo de principio a nivel político, sujeto a la validación de los líderes».
Esta conclusión, sin embargo, choca con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que vetará ambos textos si no se modifican para introducir la «claridad jurídica» necesaria para que ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se pueda aplicar en Gibraltar si no es con el visto bueno previo de España.
ESPAÑA ADVIERTE DE QUE PODRÍA BLOQUEAR
Tras hacerse pública la declaración política pactada entre Londres y Bruselas, en la que no aparece en ninguno de sus artículos referencias a Gibraltar, España ha reiterado en público y en reuniones preparatorias su intención de bloquear la adopción del domingo si no se atiende a sus exigencias.
Para Madrid es imperativo que se modifique el artículo 184 del Tratado de Retirada para aclarar su rol respecto a Gibraltar y también que se introduzca una referencia equivalente en la declaración de futuro. Así lo ha trasladado el embajador español ante la UE en una reunión a 27 este jueves, sumando el apoyo de países como Suecia y Chipre, pero sin lograr un compromiso de Bruselas, según han indicado a Europa Press fuentes europeas.
Sobre este segundo documento, el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, ha asegurado que llegó a haber un párrafo que respondía a la demanda de España en el texto «trabajado internamente, antes de pactarlo con (la primera ministra británica, Theresa) May».
El viernes habrá una nueva reunión a nivel de ‘sherpas’ (enviados de los Gobiernos) para avanzar en la declaración, un texto que los socios comunitarios consideran aún «abierto» y susceptible de cambiar en las próximas horas.
Los negociadores de la Comisión han trasladado a España que son conscientes de su preocupación y que buscarán una fórmula para atenderla «en las próximas horas o días», si bien distintas fuentes europeas advierten de las dificultades de modificar el texto para incluir una referencia a Gibraltar y temen que sea el «único» asunto que llegue abierto a la cumbre.
Antes de que se hiciera público el borrador que está sobre la mesa de las capitales, un portavoz comunitario confirmó que el de Gibraltar era «uno de los asuntos que deben ser aún resueltos», sin dar más detalles sobre las fórmulas que se están explorando.
MAY DEFIENDE LOS TÉRMINOS
Entre tanto, May, que estuvo el miércoles con Juncker en Bruselas y volverá el sábado para tratar con él los últimos escollos, ha dicho que ha hablado con Sánchez sobre Gibraltar, pero que Reino Unido protegerá la soberanía sobre Gibraltar en sus negociaciones con la UE.
También ha defendido los términos de lo acordado como beneficiosos para los intereses británicos, porque recuperarán «el control de las fronteras, las leyes y el dinero».
La declaración sobre el futuro apunta a una relación «amplia, profunda y flexible» gracias a la cooperación en materia comercial, económica, justicia, política exterior, seguridad, defensa y otras áreas. También se comprometen a trabajar unidos para salvaguardar el Estado de derecho y el orden internacional, la democracia y los altos estándares de un comercio libre y justo.
En materia financiera, además, las dos partes se han comprometido a iniciar «cuanto antes», aunque después de la salida de Reino Unido del club, las conversaciones sobre la equivalencia de sus reglas y las actividades de supervisión en este ámbito, con el objetivo de concluir este análisis antes de junio de 2020.
En lo comercial, la declaración recuerda que tras el Brexit habrá «dos mercados» y apunta la voluntad de «facilitar» el paso de mercancías, para lo que será necesario «crear un área de libre comercio, que combine una cooperación profunda en regulación y aduanas, con el respaldo de disposiciones que garanticen igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa».
Además recoge el proyecto de «territorio aduanero único» que recoge la solución de emergencia para Irlanda del Norte en el acuerdo de salida, a partir del cual construir una asociación libre de aranceles, cuotas o restricciones para «todos los sectores», con un acuerdo aduanero «ambicioso».
Entre las cuestiones que siguen abiertas figura también el futuro de la flota comunitaria ya que, a pesar de las presiones de Francia, Bélgica, Países Bajos y otros países como España, no ha quedado escrito que el acceso de los productos pesqueros británicos al mercado europeo esté condicionado a que el sector europeo pueda seguir faenando en aguas británicas del Gran Sol y de las islas Malvinas.
