La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha dirigido a los partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo, para pedirles que cumplan la resolución del 25 de octubre que pide a los partidos no utilizar perfiles para fines políticos y electorales, además de exigir transparencia en la utilización que hacen de las redes.
Según ha informado este miércoles 12 de diciembre la organización de consumidores, esta solicitud de produce a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en España.
«Las modificaciones introducidas en la LOPD suponen un paso atrás en materia de privacidad y permitirían a los partidos políticos la recopilación, sin el consentimiento de los usuarios, de datos en las redes sociales sobre su ideología política», ha explicado.
Para la OCU, los términos en los que se ha aprobado la LOPD «van mucho más allá de lo recogido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos», ya que la norma aprobada contiene «una serie de expresiones ambiguas e inciertas que podrían contravenir derechos fundamentales de los ciudadanos».
En este contexto, la organización considera «paradójico» que en España se regule «de una forma ambigua y poco precisa el acceso a través de las redes a datos sobre las creencias e ideologías de los ciudadanos», después del «escándalo» del caso de Cambridge Analytica.
«Mientras en España se aprobaba esta norma, en el Parlamento Europeo el pasado 25 de octubre se aprobó una resolución que instaba a los partidos políticos a no utilizar la información ideológica recabada en las redes sociales para llevar a cabo actividades electorales, y a actuar con transparencia la utilización que hacen de las redes sociales», ha recordado la OCU.
Por todo ello, ha pedido a los partidos políticos que den cumplimiento «a su propia resolución» en el Parlamento Europeo y «se abstengan de llevar a las actividades de recopilación de datos en las redes sociales hasta que no se haya producido la adecuada evaluación de impacto del tratamiento de datos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y se haya aprobado un reglamento que de forma clara y precisa establezca las obligaciones claras de los partidos y sobre todo las garantías reales de los ciudadanos del respeto de sus derechos fundamentales».
