El portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha asegurado que la solución del tema de los chiringuitos «tiene que venir del poder judicial, ya sea de una o varias sentencias en el ámbito penal o en el contencioso administrativo».
Pérez Dorao ha asegurado que ésta es la única solución «posible» a la situación de «inseguridad jurídica» que ha generado el gobierno local que declaró «caducado» el expediente de transmisión de la concesión de los chiringuitos a los empresarios, si bien la Junta da por cerrado los procedimientos de la cesión de la titularidad de los chiringuitos al Ayuntamiento de Cádiz, al estar ratificado y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Cabe que recordar que en este aspecto, el alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), declaró en el juzgado en calidad de investigado tras la denuncia puesta por Ciudadanos (Cs) por su supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de los referidos chiringuitos. Posteriormente, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, hizo lo mismo ante una denuncia interpuesta por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca).
En este sentido, el portavoz de Cs ha señalado que no le sorprende que llamen a Martín Vila a declarar como investigado «porque es fruto de la inseguridad jurídica que se ha generado». «En el mes de febrero cuando conocimos lo que se había hecho con los chiringuitos y presentamos un escrito cuestionando la legalidad de todo aquello que se decía que se iba generar una situación de inseguridad jurídica que al final a quien más iba a perjudicar a los titulares de los chiringuitos, y efectivamente, el tiempo nos ha dado la razón», ha abundado.
«La situación actual es que los empresarios de los chiringuitos no saben si se deben a la Junta, si se deben al Ayuntamiento, si son propietarios o no son propietarios, si se les ha transmitido la cesión como dice la Junta o si no se les ha transmitido como dice ahora el Ayuntamiento para defenderse de la irregularidad en la que han incurrido», ha detallado Pérez Dorao, quien ha asegurado que «esto es una situación de galimatías que ha formado el Ayuntamiento y que los empresarios de los chiringuitos ante una situación de inseguridad jurídica han acudido a los tribunales.
Continuando esa línea, el portavoz de la formación naranja ha apuntado que el hecho de el gobierno local sea denunciado «es malo, aunque después se archive o se sobresea, pues quiere decir que tu gestión está sometida a un examen cuya conclusión resulta contraria a derecho, algo que no es bueno ni para el equipo de gobierno, ni para la ciudad, ni para los propios empresarios que han puesto la querella».
«Lo que pasa que muchas veces el control político de la acción del equipo de gobierno, no tiene más remedio que hacerlo a través de los tribunales», ha apuntado Pérez Dorao, quien ha puesto como ejemplo cuando el PP llevó a los tribunales al gobierno local por el tema del presupuesto, «pues no hubo más remedio que hacerlo así, pues el equipo de gobierno, pese a ser conscientes de la irregularidad que estaban cometiendo, siguieron para adelante».
