Cabify ha reclamado al Gobierno catalán que no legisle a favor de «los sectores más radicales del taxi» y en contra del bien común, como cree que pasará si la Generalitat aprueba un decreto fijando la precontratación de su servicio con al menos 15 minutos de antelación.
En un comunicado este lunes, la compañía ha asegurado que esta regulación haría inviable su actividad, acabaría con el trabajo de más de 1.400 personas y supondría su expulsión de Cataluña, lo que supondría «más paro, menos productividad, menos servicio y menos libertad», ha considerado.
Cabify ha sostenido que las normas que se quieren adoptar se toman dando la espalda a las necesidades de los ciudadanos y solo benefician a los enemigos del progreso «y a los que piensan que los desórdenes, la intimidación y las agresiones son preferibles al diálogo, el consenso y el respeto».
Además, ha advertido de que la imagen exterior de Cataluña no saldrá reforzada «en materia de convivencia, de innovación, de apoyo al emprendimiento y de proyecto de futuro».
Por ello, ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que no adopten decisiones «precipitadas al dictado de quienes anteponen sus egoísmos y sus miedos a cualquier otra consideración».
La empresa considera que en democracia «lo que no caben son decisiones excluyentes de una parte y que sacrifiquen el interés de todos en beneficio de unos pocos».
