a Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha denunciado este jueves que el 60% de los desahucios (tres de cada cinco) que han tenido lugar en Andalucía en el primer semestre de 2019 han obedecido al impago del alquiler, según los datos del segundo trimestre de 2019 que hizo públicos el lunes el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), lo que evidencia «que la crisis sigue instalada en nuestra comunidad y que la política pública en materia de vivienda no está a la altura de lo que esta realidad demanda».
Del total de 4.955 lanzamientos ejecutados en los seis primeros meses en Andalucía, 4.606 son habitacionales, lo que supone una media de casi 26 desahucios diarios, ha informado esta asociación a través de un comunicdo.
De ellos, 2.758 son debidos al impago de alquiler, más de 15 diarios, con lo que se consolida la tendencia por la que los lanzamientos por impago de las rentas superan a los hipotecarios (1.848).
Esto pone en evidencia, ha criticado la organización, que «más allá de grandes anuncios e intenciones, no existen medidas concretas por parte del Estado para un control eficaz del precio de los alquileres», a diferencia de lo que ocurre en varias ciudades europeas.
En el ranking, encabeza la lista de provincias Málaga con 1.270 desahucios habitacionales -de alquileres e hipotecas-, en el primer semestre, seguida de Sevilla, con 740, Cádiz (660), Almería (637), Granada (588), Córdoba (256) y Jaén (173).
«Con 835.500 personas en paro (según la EPA 2º Trimestre 2019), el 38,2% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (INE), una Renta Mínima de Inserción andaluza insuficiente y excluyente, y unos Servicios Sociales minimizados por los drásticos recortes, la pobreza se ha cronificado en nuestra Andalucía y muchas familias se encuentran frente al dilema de comer o pagar la renta», ha asegurado la asociación.
La Apdha ha denunciado que «entre la ciudadanía y los poderes políticos se empieza a aceptar como normal la irracional e inhumana situación por la que coexisten miles de viviendas vacías detentadas especulativamente por bancos, fondos de inversión y otros grandes propietarios, y miles de familias sin derecho a ellas».
La asociación ha explicado que la turistificación y la gentrificación urbana se consolidan como el modelo de desarrollo urbanístico «con el auspicio de las autoridades regionales y municipales, incapaces de promover otras medidas económicas más sociales y sostenibles».
La proliferación de hoteles y apartamentos turísticos convierte el centro de las ciudades en meros parques temáticos sin vida propia, expulsando al extrarradio a los vecinos y vecinas más vulnerables y provocando un continuo encarecimiento del precio de la vivienda y por tanto del alquiler, ha continuado analizando la Apdha.
Se sigue demostrando como imprescindible, han señalado, el incremento significativo del parque público de viviendas en alquiler social, con los que hacer frente a la demanda de las familias más necesitadas, así como «un modelo fiscal más beligerante contra la vivienda especulativa y sus precios desorbitados».
Para la organización, la situación de emergencia habitacional existente exige que todos los poderes públicos se pongan ya del lado de las personas que han perdido sus residencias y carecen de hábitat digno. Ha reclamado la Apdha la necesidad de que cese la política represiva contra las familias que, ante lo desesperado de su situación, se han visto obligadas a ocupar pisos vacíos, en su gran mayoría propiedad de grandes especuladores.
La Apdha ha seguido reivindicando la vivienda como un derecho humano y no como un negocio y exigiendo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
