El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) han iniciado una revisión del protocolo de buenas prácticas en la administración de justicia.
Según ha informado el Colegio de Abogados de Granada en una nota, el objetivo es actualizar y ampliar el código vigente con unos criterios concretos de conducta de los distintos profesionales jurídicos que sean compartidos en todo el territorio andaluz.
En la reunión han participado, con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera; el vicedecano, Antonio Mir; y el decano del Colegio de Abogados de Antequera, José Manuel González Quintana, como consejeros y secretario general de Cadeca.
Durante el encuentro, las autoridades han coincidido en la necesidad de «actualizar y ampliar» este protocolo con el objetivo promover unos criterios compartidos de conducta y comportamiento entre los distintos actores jurídicos que intervienen en la justicia y adaptar la guía al contexto actual, con «especial atención a la conciliación familiar y laboral de los profesionales».
«En algunas provincias se ha llegado a acuerdos puntuales entre Colegio y juez decano, pero consideramos que es esencial disponer de unas pautas homogéneas en todos los territorios y que los letrados no tengan más facilidades por ejercer su labor en una u otra zona», ha explicado Cabrera.
El Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia vigente fue firmado por el TSJA y el Cadeca hace seis años, en enero de 2014. Además de esta antigüedad, este documento recoge recomendaciones genéricas, por lo que la Abogacía andaluza espera poder desarrollar un nuevo texto con criterios más concretos que den respuesta a la amplia casuística existente, desde aspectos relativos a la puntualidad en los señalamientos hasta suspensiones por enfermedades o bajas por maternidad/paternidad.
Por el momento, el Cadeca va a pulir los detalles de un primer borrador para presentar al TSJA una propuesta inicial que sirva de punto de partida para la concreción del nuevo código que permita mejorar la imagen, la calidad y la eficacia de la administración de justicia.
