La formación popular solicitará el apoyo del resto de formaciones políticas de la Corporación municipal a una ley que garantice la propiedad privada y la lucha contra esta práctica
La portavoz de esta formación en Chiclana, Ascensión Hita, ha asegurado que esta ley es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
El Partido Popular de Chiclana llevará su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas al pleno municipal con una moción que pretende recabar el apoyo del resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
La propuesta del PP busca que la Corporación apruebe manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que, según la portavoz de esta formación en Chiclana, Ascensión Hita, es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
Asimismo, la iniciativa del PP chiclanero contempla que se inste al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
Cabe destacar que la proposición de ley defendida por el Partido Popular introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior.
De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
