El cierre de los colegios en marzo y la llegada de la ‘Ley Celaá’, lo más destacable del año
La pandemia de coronavirus ha marcado enteramente este 2020, especialmente en el ámbito educativo, en un año que además dice adiós a la ‘Ley Wert’, dando paso a la que será la octava ley educativa en la democracia española, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’, nombre que recibe en honor a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, su impulsora.
El terreno de la Educación fue uno de los primeros en reaccionar a la llegada del SARS-CoV-2 en España. En la semana del 9 de marzo, las comunidades autónomas empezaron a decretar el cierre de los centros educativos ante la rápida transmisión del patógeno en sus territorios, convirtiéndose el cierre en generalizado en toda España a finales de esa semana. El sábado 14, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaría el decreto del estado de alarma en todo el país.
Con el confinamiento de toda la población en sus casas y las restricciones a la movilidad, los colegios, institutos, universidades y otros centros educativos tuvieron que adaptarse en un tiempo récord a la enseñanza online para poder continuar con las clases. Tanto en colegios, como institutos, universidades y otros centros educativos.
LAS MEDIDAS MÁS POLÉMICAS
La pandemia puso así en evidencia las dificultades de muchos niños para poder adaptarse a esta situación, poniendo en el centro del debate la conciliación laboral, la brecha digital y los recursos de cada familia para poder seguir con una educación de calidad no presencial.
Por esto mismo, el Ministerio de Educación y FP publicó una orden que estableció que la repetición de curso durante el tercer trimestre del curso y el inicio del siguiente debía ser «muy excepcional» para evitar que la pandemia, que mantenía por entonces suspendidas las clases presenciales, pudiese «perjudicar» al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza online, permitiendo a las comunidades autónomas competentes «flexibilizar» los criterios de evaluación, promoción y titulación «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes».
Ya en septiembre, esta misma medida se materializaría en un Real Decreto-Ley, que delimitó a «la duración de la situación excepcional derivada de la pandemia originada por la COVID-19», la aplicación de las medidas que recogía.
«La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato», decía el texto, que generó las críticas de sindicatos y otros sectores de la educación no universitaria.
Asimismo, la pandemia puso de manifiesto las carencias tecnológicas y digitales de la enseñanza en España, motivando la apuesta del Gobierno por la digitalización de la educación, que puso en marcha el programa ‘Educa en digital’ con una movilización de 260 millones de euros, que permitiría la distribución de 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet a los alumnos más vulnerables.
UNA SELECTIVIDAD TARDÍA Y CON MASCARILLAS
Dado que la docencia no se paralizó, la EVAU (la antigua Selectividad) tampoco. La Selectividad de 2020 estaba prevista inicialmente a principios de junio en todas las comunidades autónomas, pero el estado de alarma, que decretó el cierre de todos los centros educativos el 16 de marzo, obligó a retrasar la fecha de las pruebas, que finalmente tuvieron lugar a finales de junio y en las dos primeras semanas de julio.
Los exámenes se realizaron con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitasen mantener dos metros de distancia entre estudiantes. Y otra de las novedades fue el formato de las pruebas, que incluyeron más opciones de respuesta.
LA OCTAVA LEY DE EDUCACIÓN DE LA DEMOCRACIA
Además de la pandemia, 2020 dejará el terreno preparado para la llegada de la que será la octava ley educativa de la democracia, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’. Aunque el Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2019 el proyecto de ley, el clima político lo paralizó, ya que se anunciaron unas nuevas elecciones generales para abril de ese año por el rechazo a los Presupuestos para 2019, elecciones que tuvieron que repetirse en noviembre ante la imposibilidad de formar Gobierno.
Tras lograr los apoyos suficientes, Pedro Sánchez fue investido presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos el 8 de enero de 2020, el primero de la democracia española. Así, el proyecto volvió a ser aprobado el 4 de marzo de 2020, aunque de nuevo volvió a quedar en ‘stand by’, esta vez, por la pandemia.
Una vez pasado el verano y con la ‘nueva normalidad’, el Congreso reanudó el trámite parlamentario para avanzar en el proyecto, que solo necesitó dos meses para aprobarse en el Pleno de la Cámara Baja, una rapidez que fue muy criticada por la derecha (sobre todo, PP, Cs y Vox), que además se quejó de que la comunidad educativa no participara en el Parlamento en el proceso de tramitación.
El 19 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobaba el proyecto normativo por 177 votos a favor (uno más de la mayoría absoluta requerida para salir adelante, al tratarse de una Ley Orgánica) del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País-Equo y Nueva Canarias. El 23 de diciembre se sometió a votación en el Pleno del Senado, que aprobó la ley por 142 votos, quedando definitivamente aprobada. La ley fue publicada este 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
¿QUÉ RECOGE LA ‘LEY CELAÁ’?
La nueva Ley incluye el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como la consideración de «lenguas vehiculares» tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica. El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la ‘Ley Wert’ de 2013.
Sin embargo, la oposición ve con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica ha suscitado que el PP, Cs y Vox hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la ‘Ley Celaá’.
Otro firme opositor a la Ley ha sido el sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, que ha abanderado las seis concentraciones de protesta contra la Ley durante los meses de noviembre y diciembre.
Con todo ello, 2021 dará la bienvenida a una nueva Ley de educación, pero también saludará la llegada de unos nuevos Presupuestos Generales que, gracias a los fondos de la UE, serán muy generosos. Para la Educación, el Gobierno contemplaba una dotación de 4.893 millones de euros, un 70,2% más que en 2020, superándose los 2.000 millones de euros destinados a las becas y ayudas al estudio.
