La Asociación pro derechos humanos de Andalucía ha presentado su ‘Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021’ de donde se extrae que más de 1.700 personas han perdido la vida intentando llegar a España en 2020. Según han afirmado, todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente a evitar que lleguen o en expulsar a las personas migrantes.
La organización cifra en un 29% el incremento de las personas que –en 2020 y respecto a 2019– lograron acceder a territorio seguro a través de la frontera (cerca de 42 mil personas).
Por ello, la asociación ha resaltado la volatilidad, según han afirmado, de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas». Además, ha puesto en cuestión «las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur», según han dicho.
Igualmente, han criticado el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y «la compra millonaria mediante cooperación de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea», según han dicho.
Así, ha planteado que para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, «son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad».
