La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una pareja formada por un funcionario español y una mujer marroquí por los presuntos delitos de falsedad y estafa después de supuestamente engañar a ex menores tutelados haciéndoles creer que los empadronaban en su domicilio, cobrándoles 500 euros por persona y simulando contratos de trabajo, por 2.000 euros para intentar regularizar su situación documental en España.
Según ha informado este martes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el funcionario se valía de su condición de empleado público para infundir más certeza y confianza a los migrantes que recientemente habían cumplido 18 años de edad e intentaban obtener la Tarjeta de Residencia en España, tras tener que abandonar los centros de acogida de menores al superar la edad permitida de acogimiento.
La citada fuente ha explicado que el funcionario de 56 años de edad y la mujer de 44 «ofrecían a sus víctimas, ex tutelados, el empadronamiento en una vivienda, requisito preceptivo para la obtención de la autorización de residencia, cobrándoles la cantidad de 500 euros, sin que nunca se llegara a efectuar dicha inscripción en el padrón de habitantes de Melilla, o bien 800 euros a aquellos inscritos pero que en ningún caso residieron en la vivienda».
Asimismo, la citada fuente ha detallado que «se les hacía creer la necesidad de un precontrato de trabajo para obtener la mencionada autorización de residencia; de este modo, engañados por la falsa confianza que les infundía el trabajador del ente público, llegaban a pagar 2.000 euros por la obtención de dicho precontrato laboral, el cual nunca había existido».
El portavoz policial ha apuntado que a la mujer detenida le constan un total de tres detenciones anteriores, siendo estos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, robo con violencia o intimidación y por atentado a agente de la autoridad, mientras que el hombre arrestado carece de antecedentes previos.
Los dos detenidos, tras ser puestos a disposición judicial, han quedado ambos «en situación de libertad con cargos», acusados de la comisión de los presuntos delitos de estafa y falsedad documental.
