El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avanzado en el Congreso que como medida para luchar contra el desperdicio alimentario se permitirá rebajar el precio de productos perecederos sin que afecte a futuras promociones.
Durante su comparecencia en la Comisión del ramo, el ministro ha señalado que Garzón ha desgranado que esta medida se recogerá en la Ley para la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores que se está tramitando y que va a favorecer la bajada de precios de productos alimenticios cuando se acerca su fecha de caducidad.
Actualmente, la normativa obliga a visibilizar el precio rebajado junto al precio mínimo que el producto haya tenido en el mes anterior. Esto, según Consumo, supone un desincentivo para bajar el precio a productos perecederos porque afectaría a futuras promociones del producto. Con esta medida, según el ministro, Consumo corrige este problema ya que la rebaja no afectará a promociones y, con ello, se estimula esta práctica enfocada a reducir el desperdicio alimentario. Garzón ha asegurado que el sector acoge la medida con gratitud.
En la misma línea, el ministro ha apuntado a medidas de escala mundial y local para aprovechar al máximo los alimentos producidos y ha apuntado a incorporar tecnologías, soluciones innovadoras, nuevas formas de trabajar y buenas prácticas para gestionar la calidad de los alimentos y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
Garzón ha tildado de «insostenible social y ambientalmente» el nivel actual de desperdicio alimentario en España, que supone 31 kilos de comida por persona al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Así, el ministro ha recordado que estos datos contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), además de poder tener repercusiones negativas en la seguridad alimentaria, en la disponibilidad de alimentos y aumentar el coste de la comida. Por ello, Garzón ha apostado por la adopción de «enfoques integrados» para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.
«Con el proyecto de Ley sobre modernización de las normas de protección de los consumidores y el régimen sancionador, el Gobierno dota por primera vez a Consumo de un régimen sancionador frente a los grandes fraudes», ha asegurado el minsitro.
El minsitro ha recordado que las sanciones a las empresas ante los fraudes masivos a los consumidores podrán ser de hasta 1 millón de euros u 8 veces el beneficio ilícito obtenido. La norma prevé incluir en el régimen sancionador las reseñas falsas, la reventa de entradas compradas por bots o la publicidad encubierta en redes.
