El Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas han acordado este miércoles impulsar la cesión del impuesto sobre depósito de residuos en vertedero –que entra en vigor el 1 de enero de 2023– pero con la idea de que los territorios lo puedan ir asumiendo «con flexibilidad» y se haga a demanda de las propias regiones.
«Hemos acordado esa flexibilidad para que se vayan abordando esas gestiones y competencias de manera paulatina a lo largo de los próximos años», ha explicado la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunido este miércoles.
Según ha recordado Montero, algunas comunidades autónomas tenían impuestos en sus territorios muy parecidos al se pretende poner marcha en el conjunto del país. «Algunas tienen prisa por asumirlo porque tenían uno muy parecido en su territorio y otras han manifestado que no constituye una prioridad en este momento», ha explicado la ministra.
La norma que mandató al Gobierno el Congreso de los Diputados dicta que se haga posible que las comunidades asuman competencias de gestión y de carácter normativo en torno a este impuesto, que responde al afán de la Unión Europea por profundizar en las cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica y la fiscalidad medioambiental.
«Es deseable que haya denominadores comunes en todo el territorio respecto a estas cuestiones para que no haya diferencias no justificables por parte de una comunidad frente a otra», ha subrayado la titular de Hacienda.
No obstante, la ministra ha aclarado que desde el Gobierno «no harán presión» el año que viene para que asuman la gestión, con el objetivo de dar tiempo a los territorios para la modificación de algunas leyes para incorporar el nuevo impuesto cedido. «Les hemos dado la capacidad de que lo puedan hacer de forma potestativa a lo largo de los próximos periodos», ha remarcado la ministra.
