Se han realizado 165 identificaciones, detectando 23 infracciones en materia de seguridad social, percepción de prestaciones incompatibles con el trabajo, extranjeros sin permiso de trabajo y trabajadores sin dar de alta en el sistema de seguridad social
La Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo en la provincia de Cádiz, una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, procediendo a la identificación de 165 empresas y detectando 23 infracciones en esas materias. Además de estas infracciones se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida, y se han formulado 2 denuncias de caza, 2 denuncias por tenencia de droga y 3 denuncias por tráfico.
Las actuaciones realizadas han tenido lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad. Los agentes han centrado sus actuaciones en los posibles fraudes a la seguridad social y en verificar el alta en la seguridad social de los trabajadores en el sector del trabajo agrícola.
De las 165 identificaciones en un total de 23 empresas, se ha procedido a la detección de 23 infracciones muy graves por tener a los trabajadores sin dar de alta en el sistema de seguridad social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena (muy especialmente desempleo), así como extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena, todo ello sin perjuicio de que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida.
Por tales motivos, por los servicios de la Inspección de Trabajo se formularán los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.
Cabe destacar, que esto provoca una economía sumergida por lo que conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores.
Este operativo es fruto de la firma del Convenio para la coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las FFCCSS del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y de las actuaciones que se realizan en el marco del “Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos.
