El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha criticado que Andalucía vaya a recibir por parte del Estado un 13% menos de fondos para Políticas Activas de Empleo en 2018, lo que supone una reducción de 52 millones de euros respecto al año anterior.
Javier Carnero ha explicado que el Gobierno central destinará a Andalucía 346,24 millones de euros, es decir, el 16,8% de los fondos a nivel nacional, «muy lejos del peso de nuestra comunidad autónoma en términos de personas desempleadas e incumpliendo, una vez más, nuestro Estatuto de Autonomía».
De estos 346,2 millones de euros, la región recibirá 173,3 millones para formación, «sufriendo una reducción de 34 millones de euros aun cuando el Ministerio es consciente de que hemos llevado a cabo la reactivación de esta política tan necesaria en nuestra comunidad y, cuando sabe, que los fondos son finalistas y que la propia Ley 30/2015 de Formación obliga a que los no ejecutados sean revertidos en el siguiente ejercicio presupuestario», ha destacado el consejero.
Javier Carnero ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá denunciado el recorte en estas Políticas Activas de Empleo, «que llevamos soportando ya siete años consecutivos, con una disminución de más de 2.250 millones de euros«.
Por otro lado, el consejero se ha referido a la nueva propuesta que ultima el Gobierno central de reformulación del sistema de protección por desempleo, sobre la que ha advertido que no garantiza la cobertura a los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo (PAE), el PREPARA y la Renta Activa de Inserción (RAI). Según ha señalado Carnero, el riesgo de pérdida de prestaciones es especialmente alto para los perceptores de la RAI, que supone en Andalucía casi 60.000 personas.
Alternativa a las prestaciones para parados de larga duración
A este respecto, cabe destacar que Andalucía y otras ocho comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra) han presentado ante el Ministerio de Empleo una propuesta alternativa a este reordenación del sistema de protección por desempleo, ya que provocará que decenas de miles de personas vean peligrar la percepción de sus prestaciones.
Las nueve comunidades consideran que con la actual propuesta del Ministerio un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios.
Según estas comunidades autónomas, el plan del Ministerio pone en grave riesgo a buena parte de los perceptores de estos programas, por pasar a plantear ahora requisitos más exigentes entre los posibles beneficiarios y por los recortes presupuestarios para su cobertura.
Ante este hecho, Andalucía y las demás comunidades han presentado un texto alternativo que viene a garantizar la percepción de estas ayudas y que incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, además de solicitar la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar sobre este asunto para hallar una solución de consenso.
