La Junta trata la atención educativa a menores en unas jornadas en Cádiz

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    El delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta en Cádiz, Miguel Andréu, junto al delegado de Regeneración, Justicia y Administración Local, Miguel Rodríguez, han inaugurado las I Jornadas Provinciales CIMI, bajo el título ‘Abordaje de la atención educativa a menores sometidos a medidas judiciales’, organizadas por el Centro del Profesorado (CEP) de Cádiz en el CIMI Bahía de Cádiz.

    Tal y como ha detallado la Junta en una nota, los CIMI son centros de internamiento para menores infractores que permiten el cumplimiento de medidas judiciales privativas de libertad y su intervención responde tanto a la exigencia sancionadora de la Ley del Menor como a su vertiente educativa de inserción e integración en la sociedad.

    Para ello, la Junta ha asegurado que la intervención en valores, en convivencia, en hábitos saludables y la intervención familiar resultan fundamentales, así como la formación educativa y la formación laboral, siendo siempre el principal objetivo «su reinserción socioeducativa y laboral».

    En Cádiz, la Consejería de Justicia gestiona dos Centros de Internamiento de Menores Infractores: el ‘Bahía de Cádiz’, en El Puerto de Santa María, y ‘La Marchenilla’ de Algeciras.

    Las I Jornadas CIMI pretenden crear la reflexión y el debate de las posibilidades de abordaje por distintos profesionales de la atención a estos menores conjuntamente con todos los agentes que intervienen en el proceso formativo, y así poner de relieve las buenas prácticas que se realizan en estos centros.

    También tienen como objetivo, profundizar y analizar distintas actuaciones educativas que se desarrollan en el aula educativa del CIMI, para poder adquirir conocimientos y estrategias como docentes para una adecuada atención a las necesidades de este alumnado y su entorno.

    En las jornadas han participado el secretario general de Justicia de la Delegación Territorial de Justicia de Cádiz, Antonio Arquero Mota; el director del CIMI Bahía de Cádiz; José Carlos Albert Muñoz; el director del CIMI La Marchenilla, Alfredo Dobarro Nieto; el coordinador de Formación del CIMI La Marchenilla, Jesús Francisco Gómez Jiménez; la coordinadora Provincial de Compensación Educativa, Isabel Martín Rojas; el formador en Educación Emocional, Alfonso Sánchez Sánchez; el docente del CIMI Bahía de Cádiz, Francisco Javier Fité Liañez; el responsable de Orientación en el CIMI Bahía de Cádiz, José Manuel Galán Prado; la directora del IES Mar de Cádiz, Isabel Moncosí Gómez; y el director del IES José Luis Tejada Peluffo, Ángel Torres.

    Andréu, ha destacado la importancia de «conocer las relaciones de coordinación del CIMI con la administración educativa» y «constituir un excelente escenario de participación para debatir e intercambiar opiniones y valoraciones».

    Además, ha agradecido «el compromiso de los participantes en esta jornada a la hora de aportar su experiencia para propiciar un futuro más prometedor para estos menores».

    Por otro lado, el delegado ha subrayado que «es fundamental ofrecer una visión del marco legal y administrativo de las medidas judiciales de los menores infractores», así como «profundizar en la condición de vulnerabilidad asociada a estos jóvenes en proceso de maduración, sujetos a la influencia del contexto social en el que tiene lugar su desarrollo, y en las circunstancias y factores que pueden poner en riesgo sus oportunidades de futuro».

    En este sentido, ha señalado «es importante poner en valor el trabajo individualizado que se viene realizando con ellos para lograr, más allá del reproche a su conducta, su reeducación».

    En el mes de febrero del pasado año se renovó el convenio para garantizar la escolarización de los menores infractores a través del Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y la Consejería de Educación y Deporte para la Atención educativa a las personas que cumplen medidas judiciales impuestas por los juzgados de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

    «El cumplimiento de una medida judicial no puede suponer una desventaja en el proceso de escolarización de estos menores, que deben continuar con su formación cuando ingresan en un centro de internamiento para cumplir una medida judicial», ha asegurado la Junta, que añade que «la formación académica es algo básico y clave para la reeducación y reinserción de estos jóvenes».

    Por último, Rodríguez ha apostillado que «el convenio garantiza la escolarización de los chicos que cumplen una medida en los recursos de Justicia Juvenil, tanto en alguno de los 16 centros de internamiento de menores infractores de la comunidad andaluza como en medio abierto, especialmente aquellos que son derivados a un grupo educativo».

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