Irene García propone a los grupos políticos una batería de medidas de apoyo a municipios en materia de atención social y empleo

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    “Los ayuntamientos son el cinturón de seguridad de sus vecinas y vecinos. Merecen la máxima atención por parte de Junta y Gobierno.

    Y van a contar con toda la complicidad de esta Diputación en forma de recursos económicos”

    A la espera de que el Gobierno de la Nación establezca criterios que den seguridad jurídica respecto al uso del superávit de 2019, la Diputación liberará partidas que necesariamente decaerán del presupuesto 2020 para articular con ellas la primera respuesta de emergencia

    La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha convocado este mediodía a todos portavoces de los distintos grupos políticos de la Diputación a través de una videoconferencia, con un doble objetivo. Por una parte, informarles de primera mano de las actuaciones que la institución provincial ya viene desarrollando de la mano de los municipios en el combate al COVID-19. Y, por otra, exponer las iniciativas que la Corporación puede tener en su mano a partir de ahora “para poder dar respuesta a las inquietudes que nos vienen planteando alcaldes y alcaldesas”. Así, entre otros asuntos, Irene García ha dado cuenta de la campaña extraordinaria de desinfección impulsada por la Diputación en 40 localidades de la provincia, por un valor cercano a los 160.000 euros; el refuerzo de personal en las residencias de mayores que gestiona Diputación;  así como de los sucesivos “aunque exiguos” repartos de elementos de EPI (equipos de protección individual) que la Junta de Andalucía ha canalizado hasta el momento para su posterior distribución por parte de la Corporación provincial entre los municipios gaditanos.

    “Los ayuntamientos son el cinturón de seguridad de sus vecinas y vecinos. Merecen la más alta consideración y la máxima atención por parte de Junta y Gobierno. Y van a contar con toda la capacidad de acompañamiento en forma de recursos económicos que pueda movilizar la Diputación”. Así lo ha trasladado la presidenta al conjunto de portavoces de los grupos políticos que se sientan en el Pleno de la Diputación, a quienes ha mostrado su “más sincero agradecimiento” por la actitud que están manteniendo durante el proceso de gestión de esta pandemia. Al tiempo, ha anunciado su compromiso de mantener este tipo de contactos que ya venían desarrollándose de manera individual con los representantes de los diferentes grupos que conforman el Pleno.

    De esta manera, a la espera de que Administraciones con otro ámbito competencial establezcan las posibilidades de actuación de la Diputación mediante los excedentes económicos del ejercicio 2019, “sí contamos con la posibilidad inmediata de movilizar recursos que están recogidos en el presupuesto corriente de 2020 de la Diputación”. Esta actuación “responsable” deberá convertirse en “un acompañamiento” a las aportaciones que necesariamente deberán asumir tanto Junta de Andalucía como Gobierno de la Nación, los dos niveles administrativos con competencias directas en este tipo de materias y, además, con una mayor capacidad financiera para asumir su desempeño.

    “Nuestra propuesta es que toda asignación económica recogida en los presupuestos de la Diputación que no esté afectada a asuntos de especial urgencia o que no sirva para dar respuesta a otras situaciones de emergencia de colectivos, asociaciones y ayuntamientos, pueda destinarse de manera extraordinaria a combatir los efectos sociales y económicos de esta crisis”, ha explicado Irene García.

    Irene García ha concretado dos instrumentos concretos de Diputación que, tras ser reprogramados presupuestariamente, podrían financiar servicios sociales de emergencia requeridos en las actuales circunstancias: el plan contra la pobreza energética y el Plan de Cooperación Local. Intervenciones que pueden fortalecerse y reorientarse para asistir a los Ayuntamientos, y por ende a la ciudadanía con necesidades más acuciantes: “Hay que reconocer el papel que están ejerciendo los Ayuntamientos en estos momentos de especial dificultad y sin, de momento, disponer de recursos extraordinarios”.

    A la espera de que el Gobierno de la Nación especifique sus instrucciones recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que inicialmente establecen que cada entidad local podrá destinar el 20% del superávit del año 2019 para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, ‘Servicios Sociales y promoción social’; y a la espera también de que las Corporaciones Locales obtengan seguridad jurídica en torno a la posibilidad de ejercer el principio de autonomía municipal sobre el 80% restante del citado superávit, e incluso respecto al eventual uso de sus saldos en depósitos bancarios, la presidenta de la Diputación ha trasladado a los y las portavoces de los grupos políticos su decisión de recurrir en primera instancia a las posibilidades de actuación que ofrece, de manera inmediata, el presupuesto corriente del ejercicio 2020.

    En este sentido, la presidenta de la Diputación ha anunciado que ya ha trasladado a las alcaldesas y a los alcaldes de municipios menores de 20.000 habitantes, así como de las 10 Entidades Locales Autónomas de la provincia de Cádiz, su voluntad de convocar un Consejo de Alcaldías en el que pueda decidirse “de igual a igual”, el destino de “todos los recursos económicos que la Diputación pueda liberar de forma más o menos inmediata: ya sea mediante la reprogramación de fondos del presupuesto 2020 que puedan ser reorientados hacia necesidades más urgentes o mediante la disposición de recursos adicionales de la liquidación del ejercicio 2019, como es voluntad de esa Diputación pero siempre que así lo decida el Gobierno de la Nación. En cualquier caso, el destino de cualesquiera esas cantidades deberán ser necesariamente los ámbitos de la atención social y del empleo”.

    La presidenta de Diputación también ha indicado a los portavoces de la Corporación provincial que ha solicitado formalmente a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que exprese mayor concreción en el destino de los más de 51 millones de euros transferidos desde el Gobierno de España a la comunidad andaluza. Al respecto ha explicado que “alcaldes y alcaldesas reclaman que cese esa indefinición y les urge saber con qué fondos podrán contar para reforzar servicios sociales y adquisición de material higiénico y sanitario”.

    El planteamiento que la presidenta ha trasladado a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Pleno de la Diputación pasa por tres consideraciones previas.

    La primera responde a que la Diputación de Cádiz es “partidaria de movilizar todos los recursos económicos disponibles para dar respuesta a las necesidades sociales derivadas de la crisis del COVID-19”. Hoy, la gravedad de “una pandemia de proporciones desconocidas” exige la “altura de miras” necesaria para hacerlo. “Nuestra exigencia hoy se ve agravada por los trágicos datos que conocemos día tras día. Pero así hemos venido planteándolo también hasta ahora, cuando no nos habíamos enfrentado a una pandemia de proporciones desconocidas”, ha explicado la presidenta, quien ha añadido que “la especificidad de esta provincia, que históricamente ha liderado todas las estadísticas de desempleo como consecuencia de unos niveles intolerables de paro estructural, ya era merecedora de un tratamiento en ese sentido”

    La segunda procede de que “ese carácter de excepcionalidad se acentúa ahora, cuando a los dramáticos efectos de esta pandemia en el ámbito personal van a sucederse otros, también de una elevada gravedad. Por ese motivo, desde la Diputación nos hemos dirigido al Gobierno de la Nación para plantear la posibilidad de que el destino de esos recursos se ajuste a las circunstancias particulares de cada territorio: en la provincia que lidera el paro, tal vez la principal actuación que podamos abordar sea una actuación ambiciosa en respuesta al desempleo”.

    Y la tercera radica en que “hasta este momento, la Diputación ha sido un ejemplo en esa línea de actuación. Año tras año tras la toma de posesión en 2015 del Gobierno provincial que presido, hemos decidido destinar la cantidad máxima de la liquidación anual de nuestros Presupuestos permitida por la legislación a realizar obras e inversiones en nuestro ámbito competencial, precisamente con el objetivo de generar empleo de manera directa y de garantizar actividad a las empresas locales que mantengan o demanden un mayor volumen de mano de obra; y primando además aquellas actuaciones en infraestructuras y equipamientos que en un futuro puedan convertirse en nuevas oportunidades de generar empleo y, en consecuencia, desarrollo socioeconómico”.

    Irene García ha valorado “el grado de acuerdo, responsabilidad y altura de miras” demostrado por el conjunto de los portavoces de los grupos políticos representados en Diputación. El encuentro ha coincidido con la publicación de los datos del paro registrado en marzo. Como era previsible los resultados son demoledores en todos los ámbitos. La provincia gaditana, en un mes que tradicionalmente es favorable a las contrataciones, ha contabilizado 23.816 nuevos demandantes de empleo. Una subida que en términos relativos supone un incremento del 15,6 por ciento con respecto a marzo de 2019 y de un 17% sobre febrero de 2020. La cifra absoluta se sitúa en 176.416 personas en situación de desempleo en la provincia de Cádiz.

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