José María Román explica que se trata de una demanda existente entre la ciudadanía para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas en contextos de conflictividad familiar, garantizando la mejor atención de los menores
El alcalde de Chiclana, José María Román, ha solicitado a la Junta de Andalucía la designación para que Chiclana cuente con un Punto de Encuentro Familiar (PEF). En este sentido, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, el regidor chiclanero ha indicado que “esta petición viene fundamentada debido a que el municipio presenta un volumen significativo y sostenido de procesos de separación, divorcio y rupturas de pareja con hijos menores, lo que genera una demanda creciente de recursos especializados para garantizar el adecuado cumplimiento de los regímenes de visitas en contextos de conflictividad familiar”.
A ello se suma que Chiclana es uno de los municipios con mayor población de la provincia de Cádiz, con una estructura demográfica diversa y en crecimiento, donde se observa un incremento de familias reconstituidas y monoparentales y núcleos familiares con necesidades de apoyo psicosocial. Estas características hacen especialmente relevante disponer de un recurso especializado que garantice la protección del interés superior del menor.
Asimismo, la inexistencia de un PEF en el municipio obliga a las familias a desplazarse a localidades cercanas, lo que dificulta la continuidad de las intervenciones, supone un sobre esfuerzo económico y logístico para familias vulnerables y puede afectar al cumplimiento de las medidas judiciales. La implantación de un PEF en Chiclana contribuiría a mejorar la accesibilidad territorial, descongestionar los recursos provinciales existentes y reforzar la red de protección a la infancia mediante una coordinación más eficaz entre los órganos judiciales, la Fiscalía y los Servicios Sociales Comunitarios.
En este sentido, el Ayuntamiento expresa su compromiso de garantizar un servicio plenamente ajustado a los principios rectores establecidos, tales como la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad, la intervención profesional especializada y, especialmente, la protección del interés superior del menor como eje central de toda actuación.
