La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno a analizar, a partir de la legislación existente y de forma coordinada con las comunidades autónomas, las posibles mejoras en la regulación, legal y reglamentaria de la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios, y a elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado.
La iniciativa presentada por el PP ha sido aprobada este martes por la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Alta con los votos a favor de todos los grupos, después de que los ‘populares’ hayan acordado un nuevo texto con PSOE y Vox, que habían propuesto sendas enmiendas de modificación.
El nuevo texto, recogido por Europa Press, apuesta por promover reformas legales y reglamentarias que garanticen la seguridad de pacientes y usuarios frente a la publicidad engañosa, evitando los posibles perjuicios que puedan producirse, así como por proponer a las comunidades autónomas una campaña de vigilancia e inspección sobre estos centros.
En la misma sesión, la Comisión ha aprobado una moción socialista relativa al fortalecimiento y mayor desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, a la que se ha añadido una enmienda del PP y tres del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. La iniciativa ha salido adelante con 28 votos a favor y la abstención del Grupo Parlamentario Vasco.
El texto presentado inicialmente por el PSOE insta al Gobierno al fortalecimiento y mayor desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, «con particular referencia a la casuística de reclamaciones y nuevas cuestiones litigiosas que se manifiestan especialmente con las singulares circunstancias de las actividades de Consumo que surgen en el novedoso marco comercial que se manifiesta a partir de la pandemia de COVID-19.
También quiere que se procure su «incentivación para generalizar su utilización en determinados servicios esenciales al consumidor, respetando en cualquier caso el principio de tutela judicial efectiva».
Por su parte, la enmienda de adición del PP pretende la digitalización y la telematización del arbitraje, mediante la investigación, desarrollo y ejecución de aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la resolución de conflictos de consumo, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos.
El PSOE ha aceptado tres enmiendas de la Izquierda Confederal para reforzar, en coordinación con el resto de administraciones, el sistema arbitral de consumo, dotándolo de medios materiales y humanos.
«Se está implantando el expediente administrativo electrónico en todos los ámbitos, así como la generalización de los trámites a través de la firma digital sin que, al mismo tiempo se haya generalizado su uso entre la población mientras se ha ido desentendiendo de la atención presencial. Eso da lugar a que muchas personas no puedan utilizar el sistema arbitral de consumo ante las dificultades que se van a encontrar», sostiene el grupo de la Izquierda Confederal.
En este sentido, en otra de las enmiendas aceptadas por el PSOE se insta al Gobierno a, en colaboración con el resto de administraciones, impulsar campañas de información sobre el sistema de arbitraje de consumo entre los consumidoras. También se quiere dotar de recursos a las juntas arbitrales de consumo.
