Mercedes Colombo presenta en Cádiz la puesta en marcha de dos programas que buscan la mejora en la empleabilidad de colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo
La Junta ha presentado en Cádiz dos líneas de ayudas que buscan mejorar la empleabilidad de los desempleados gaditanos.
El primero de ellos es el de Proyectos Integrales para la Inserción laboral (T-Acompañamos), al que la Junta destinará 140 millones de euros en Andalucía y que financiará a entidades que faciliten la búsqueda de un empleo al menos al 40% de los participantes, con incentivos de 3.500 euros por persona atendida y un periodo máximo de ejecución de 18 meses.
Con este programa se quiere facilitar orientación, formación y acciones para la inserción laboral a desempleados pertenecientes a colectivos vulnerables a través de su participación en proyectos integrales que favorezcan su acceso al mercado laboral. Dentro de estos colectivos estarían las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años, las personas migrantes y las personas en situación de exclusión social o perceptores de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción. Las entidades que opten a estas subvenciones recibirán 3.500 euros por persona atendida y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia.
El segundo programa es Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE), que cuenta con un presupuesto en Andalucía de 24 millones de euros y que destina a la provincia de Cádiz un total de 4,3 millones de euros. Ofrecerá a unos 1.520 parados de nuestra provincia un acercamiento al mundo laboral durante tres meses y una beca de 480 euros al mes. La convocatoria está actualmente abierta en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se trata de una subvención que financiará prácticas no laborales en empresas que tengan sus centros de trabajo en la comunidad autónoma andaluza.
Pueden ser beneficiarias de estas ayudas empresas, asociaciones, fundaciones y entidades de carácter privado. El SAE suscribe un convenio con la entidad beneficiaria y con el centro de trabajo donde se realizan las prácticas en un proyecto que se debe ejecutar en un plazo máximo de 24 meses.
