El delegado de Urbanismo explica que “contamos con todos los informes sectoriales menos uno”, destacando que el documento incluirá todas las alegaciones admitidas y las modificaciones que se han notificado
El delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, ha informado sobre los avances que se están realizando en el Plan de Ordenación Urbana (POU), explicando que “contamos con todos los informes sectoriales, a excepción de uno”. Además, ha especificado que “estamos redactando el documento definitivo para presentarlo en la Consejería de Medio Ambiente, con las modificaciones que nos han notificado en cada uno de los informes sectoriales”.
El edil del área también ha puesto de manifiesto que este documento incluirá las modificaciones que correspondan, según las diferentes alegaciones que se han realizado. “Esto supone que en un breve espacio de tiempo podremos remitir la proposición final del documento a la Consejería de Medio Ambiente para que haga la evaluación ambiental estratégica definitiva”, ha señalado el delegado.
Acuerdo plenario
Por otro lado, Rodolfo Pérez ha informado del acuerdo al que se llegó en el Pleno del pasado martes, con el que no se aceptó una revisión de oficio, obligada por el Juzgado. Este acuerdo es el fruto dos resoluciones llevadas a cabo por la Delegación de Urbanismo, una de 2015 y otra e 2016. La primera de ellas sobre la demolición de una vivienda y el segundo sobre una multa.
“Tras una serie de recursos y la presentación de la petición de revisión de oficio ante el Juzgado, en 2021 el Juzgado acepta parcialmente el recurso de la propiedad y en 2023 nos transmite la firmeza de la resolución, obligando al Ayuntamiento a practicar la revisión de oficio. Ésta es cuando se ha producido un acto nulo, pero en este caso no era nulo y el Pleno ha decidido no revisarlo”, ha explicado el delegado.
“Con esta decisión lo que queremos transmitir es que las infracciones urbanísticas, aunque el Ayuntamiento tarde en actuar y se dilate en el tiempo se acaban pagando. La justicia es lenta, pero inexorable”, ha destacado, incidiendo en que ambas resoluciones, una de 2015 y otra de 2016, “han tenido una resolución final en 2025 y habrá que proceder a la demolición que se dictó en su momento”.
“Aunque se tarda mucho tiempo en resolver estos expediente, una vez que se ha iniciado el trámite y llega a su conclusión, si se ha edificado tendrá demolición, además de la multa. Se trata de un mensaje muy claro que debe llegar a las personas que construyen y a las personas que compran, debiendo informarse en el Ayuntamiento”, ha explicado, aclarando, por otro lado, en que “las viviendas prefabricadas necesitan las mismas licencias que el resto de viviendas de ladrillos. Además, el suelo urbano es el que dice el Ayuntamiento desde el punto de vista urbanístico, no lo que venga reflejado en el registro o lo que esté escrito en el catastro”.
