La Diputación de Cádiz continuará financiando la recuperación y posterior difusión de los expedientes de guerra incoados a represaliados del franquismo de la provincia de Cádiz. Este objetivo se plasma en el nuevo convenio suscrito por la presidenta de la institución provincial, Irene García, y la titular de la Asociación por los Derechos de las Víctimas del Franquismo ‘Nuestra Memoria’, Francisca Maqueda.
Según explica la Diputación en una nota, el acuerdo da continuidad a un arduo trabajo coordinado por el historiador Fernando Romero, que permitirá digitalizar 4.668 expedientes, la mayoría datados entre 1937 y 1940, y que se custodian en el Archivo del Tribunal Militar Territorial 2º, localizado en Sevilla.
El 98% de los expedientes se refieren a instrucciones promovidas por los Consejos de Guerra permanentes de Cádiz y de Algeciras, si bien también se recopilan procesos incoados por tribunales de Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla. Hay procesados de los 45 municipios de la provincia gaditana. El objetivo final del convenio es abrir nuevas vías de conocimiento para familiares de represaliados e investigadores.
Para continuar esta iniciativa, Diputación aporta una subvención de 18.000 euros. Esta aportación económica fue aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2019.
Los expedientes contienen abundante información sobre la represión ejercida por los golpistas que desencadenaron la Guerra Civil española, a través del sistema judicial implantado desde febrero de 1937 y que gran parte de la historiografía define como ‘la Justicia al revés’, para destacar su ausencia de legitimidad democrática, según informa la Diputación.
En los procesos se incluyen las instrucciones, con las declaraciones de los poderes establecidos de facto –comandantes de la Guardia Civil, alcaldes franquistas y jefes locales de Falange– para determinar la conducta y el activismo político o sindical de los encausados.
Asimismo, incluyen testimonios de testigos sobre los cargos atribuidos; las vistas de los Consejos; y en caso de no resolverse la absolución, las consecuencias de las sentencias: fusilamientos, exilios, tránsito por cárceles, penales o campos de prisioneros obligados a redimir la pena mediante trabajos forzados, entre otras penas.
Irene García también ha suscrito un nuevo convenio para colaborar en el funcionamiento y el desarrollo de las actividades que realiza la Casa de la Memoria ‘La Sauceda’, sita en Jimena de la Frontera. Por parte de la citada entidad ha firmado el acuerdo el presidente de la Asociación Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo.
En virtud de este nuevo convenio, con el que se mantiene la colaboración estable con la Casa de la Memoria, Diputación aportará una subvención de 10.000 euros.
