Irene García lamenta que el presidente de la Junta no haya atendido las peticiones para establecer el diálogo

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    «La competencia para prevenir o contener la epidemia en los centros escolares corresponde a la Junta de Andalucía».

    Un informe jurídico de Diputación aclara que cualquier nueva obligación que se demande a los ayuntamientos, como es el caso de las desinfecciones, debe acompañarse de su dotación económica.

    Las obligaciones atribuidas a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía, ante la próxima apertura de los centros escolares, ha motivado varias solicitudes de asistencia jurídica planteadas desde diferentes entidades municipales ante la Diputación de Cádiz. En no pocas alcaldías se ha manifestado la imposibilidad de atender las campañas extraordinarias de desinfección, a tenor de la intensidad, especialización y coste adicional de estos servicios. La respuesta de Diputación, ya trasladada a los ayuntamientos gaditanos, se concreta en un informe realizado por la Asesoría Jurídica de la institución provincial que, entre otros conclusiones, aclara que «es competencia de la Junta de Andalucía el establecimiento de medidas que en cada momento se consideren necesarias para prevenir o contener la epidemia de COVID-19 en los centros docentes».

    No obstante, las circunstancias actuales –producto de una crisis sanitaria- son extraordinarias y justifican que se refuerce el principio de coordinación entre administraciones, tal como establece la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). En el informe de Diputación se indica que si los servicios demandados a los Ayuntamientos suponen la asunción de nuevas competencias «su atribución tendría que hacerse bien mediante transferencia –por norma con rango de ley- bien mediante delegación a través de un decreto con aceptación voluntaria del Ayuntamiento, o bien mediante encomienda de gestión por convenio. En todos los casos acompañados de los recursos financieros necesarios».

    La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene Garcíareconoce su «preocupación por las medidas que está adoptando la Junta de Andalucía ante el inicio del curso escolar. En ese sentido la Diputación estaba obligada a aclarar, desde el punto de vista jurídico, qué papel deben jugar los ayuntamientos. El informe es claro y determina que las medidas de prevención para garantizar una vuelta segura al colegio, en materia de desinfección, es una competencia clara de la Junta de Andalucía. Y en el caso de que se le atribuya dicha competencia a los ayuntamientos deberá garantizarse, desde el punto de vista económico, la suficiencia financiera», según ha dicho.

    Garcia ha añadido que desde que a mediados de marzo se declaró el estado de alarma, la presidenta de Diputación de Cádiz ha enviado diferentes cartas al titular de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en demanda de encuentros de coordinación institucional, y que esa petición de encuentro también se ha demandado, en dos ocasiones, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sin obtener respuesta alguna». 

    Irene García lamenta que este silencio impida establecer un marco de cooperación y de diálogo directo en asuntos de vital importancia para los municipios de la provincia de Cádiz.

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