El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha mostrado su «estupor, enfado y mucha preocupación» ante el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que deniega al Gobierno de Canarias la posibilidad de establecer un ‘toque de queda’ en las islas con nivel 3 y 4 de Covid-19 para intentar frenar el avance de contagios y poder controlar la pandemia.
Al respecto, Morales ha considerado que la decisión adoptada por los jueces es «discutible» porque «viene a cuestionar los criterios científicos y sanitarios frente a una pandemia de efectos devastadores», a lo que ha agregado que además se adopta después del «posicionamiento favorable de la Fiscalía que considera que la medida solicitada es necesaria, idónea y proporcionada y de los solventes informes sanitarios evacuados al efecto».
Así, el presidente insular entiende que el TSJC «deja a la administración pública encargada de combatir y controlar la pandemia sin una de las medidas de control sanitario más efectivas para hacerlo posible», según se recoge en una nota de prensa del Cabildo de Gran Canaria.
«No existe la menor duda de que esta es una de las medidas más efectivas y así lo entienden, además, otros tribunales superiores de justicia. Es cuanto menos cuestionable que una pretendida protección de los derechos fundamentales, basada en criterios subjetivos frente a la evidencia científica, deje en manos de los jueces y no de los científicos y expertos de la Sanidad Pública el control y la efectividad de las medidas contra la pandemia», apuntilló.
Finalmente, Morales considera que «ni el Gobierno del Estado, rehuyendo su responsabilidad de mantener el Estado de Alarma hasta haber controlado realmente la pandemia con la vacunación de más del 70 por ciento de la población, ni un Parlamento español incapaz en su conjunto de ponerse de acuerdo para adoptar las medidas necesarias de manera serena y consensuada, ni las interpretaciones discrecionales y/ contradictorias de los distintos tribunales de justicia están a la altura» de las necesidades de los ciudadanos, «sin olvidar» al personal sanitario que «pone en riesgo su salud cada día para proteger la de los demás».
Por ello, entiende que el Gobierno de Canarias «está obligado a recurrir este auto judicial», para lo que ha mostrado el total apoyo del Cabildo de Gran Canaria.
