La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha solicitado la apertura de una investigación con motivo de «las repetidas muertes que se han sucedido» durante el pasado mes de marzo en las cárceles de la provincia de Cádiz, donde «un total de cuatro personas han perdido la vida bajo custodia de la administración penitenciaria».
En un comunicado, la Apdha ha censurado que a principios del mes de marzo un preso murió en el centro penitenciario de Puerto III, en El Puerto de Santa María, y «la causa de este deceso apuntaba al suicidio, según indicaron fuentes penitenciarias».
De igual modo, la asociación humanitaria ha señalado «que esta Semana Santa han fallecido otros dos presos más en Puerto III, los cuales según algunos medios de comunicación, han fallecido por sobredosis de drogas y por suicidio mediante ahorcamiento, respectivamente».
Asimismo, la Apdha ha lamentado que «esta misma semana una cuarta persona ha fallecido en el Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez de la Frontera sin que la causa exacta de la muerte haya trascendido».
Desde la organización pro derechos humanos, han subrayado que la prisión de Puerto III «en la que han sucedido tres de las cuatro muertes fue señalada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, en su informe del año 2017 a España, tras su visita a Andalucía, por contar con sólo un psiquiatra que realizaba una única visita junto a las cárceles de Puerto I y II, y por no disponer de ningún psicólogo clínico».
Para la Apdha, «es lamentable que en un espacio de máxima seguridad donde las personas se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria, sigan produciéndose este tipo de muertes.
En este sentido, han incidido que «Instituciones Penitenciarias está obligada a velar por la vida, la salud y la integridad de las personas presas, y a adoptar medidas para abordar sus causas e impedir que estas muertes evitables se produzcan».
Desde la Apdha han apuntado que los datos indican que la tasa de suicidios dentro de prisión es «mucho más elevada» que en el resto de la población, indicando, además, que «según una respuesta parlamentaria del Gobierno de marzo de 2016, de las 21 personas presas que se suicidaron en el año 2016, 17 tenían enfermedad mental y cuatro estaban en régimen de aislamiento».
La Apdha ha recogido datos facilitados por el Gobierno que señalan que «durante el año pasado fallecieron 147 internos en todo el Estado, de los que 39 fueron en Andalucía, lo que la coloca como la comunidad con el mayor índice de muertes de personas privadas de libertad».
«Por localidades, encabeza el ranking Morón de la Frontera (Sevilla) con diez fallecimientos, Albolote (Granada), con siete, y Málaga, con otros siete», han reseñado desde la organización humanitaria, al tiempo que han asegurado que la perspectiva de los datos «es mucho más inquietante, pues el número de fallecimientos de los últimos 17 años asciende 3.8852, según se desprende del informe de 2016 ‘La Tortura en el Estado Español’, elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT)».
Por todo ello, la Apdha ha considerado esencial conectar estos datos con la «deficitaria situación» de la sanidad en prisión, y en especial de la atención psiquiátrica. «Entre 2008 y 2017 ha habido 123 bajas de personal sanitario de las que solo se han cubierto 623, según ha detallado el propio Gobierno en respuestas parlamentarias», han recalcado.
Finalmente, desde la Apdha han recordado que el CPT del Consejo de Europa ha recomendado «que las autoridades españolas adopten las medidas necesarias para garantizar que los reclusos vulnerables destinados en módulos de régimen cerrado y en departamentos especiales de las prisiones de Puerto III y Sevilla II reciban atención y tratamiento apropiados, y que los presos con trastornos mentales sean trasladados a un centro médico adecuado».
«ÁMBITO HOSTIL»
De otro lado, la Federación Andaluza ‘Enlace’ ha querido mostrar su solidaridad a los allegados de estos cuatro fallecidos, al tiempo que ha censurado que «se sigan sucediendo este tipo de episodios ya que la cárcel no es un lugar para morir, y mucho menos en el caso de personas con problemas de adicciones o enfermedades mentales».
Desde Enlace han criticado el hecho de que «en Andalucía tengamos el mayor número de personas presas de todo el Estado, fenómeno altamente ligado a la elevada tasa de personas en situación de exclusión social». Así, en las cárceles andaluzas, «al drama de estar en prisión se une en muchos casos el padecer enfermedades tan complejas como las adicciones y las patologías psiquiátricas, lo que crea un problema prácticamente irresoluble en un ámbito hostil como es la cárcel, con recursos demasiado limitados para dar una respuesta eficaz», han abundado.
