La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que «no se puede permitir» que Andalucía «pierda 100 millones anuales» con la nueva PAC, mientras otras comunidades han visto incrementada su dotación, con lo que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
«La PAC no tiene que ser de vencedores o de vencidos, sino justa con nuestros agricultores en unos momentos de dificultades», ha apuntado.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, la consejera ha dado cuenta de las alegaciones presentadas por la consejería al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) y que fueron consensuadas con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía el pasado 21 de febrero, tras la reunión de la Mesa de Interlocución.
En cuanto al montante económico al que ascenderán los incentivos de la PAC, el Gobierno andaluz prevé que se produzca una importante reducción de las ayudas por la aplicación del Plan Estratégico de la PAC por primera vez. Se estima que las subvenciones para los agricultores y ganaderos andaluces se recortarán aproximadamente en 100 millones de euros en comparación con 2022. La Junta espera que con sus alegaciones se pueda modificar este escenario.
El documento recoge la solicitud de una serie de modificaciones con el fin de que el Pepac responda a las necesidades del sector agroalimentario andaluz, evitar que se convierta en un lastre para agricultores y ganaderos, en lugar de un incentivo, así como
revertir las pérdidas de fondos que sufren determinadas comarcas con respecto al anterior marco de la PAC, según ha dado cuenta la consejera.
Entre las principales alegaciones destaca la petición de una flexibilización definitiva de algunas prácticas medioambientales de los ecorregímenes exigidas con la nueva PAC, como ha hecho la Junta de Andalucía excepcionalmente en la presente campaña. El
texto recoge también la pertinencia de un rediseño de las regiones de la PAC, especialmente para algunas comarcas que presentan la mayor pérdida de fondos con respecto a ejercicios anteriores, como son, entre otras, la Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera o La Loma de Jaén.
El texto único de alegaciones también traslada al Gobierno de España la petición de un incremento de los criterios establecidos para la definición de los tipos de superficie de los ecorregímenes, teniendo en cuenta otras variables como la estructura del suelo o la de las explotaciones. También se recoge la demanda de equiparar las ayudas a la remolacha del sur con las existentes para la del norte de España, así como una ayuda específica para el girasol e incluir en la ayuda asociada a los frutos secos las comarcas de Huéscar y Guadix, en la provincia de Granada, y la de Los Vélez, en Almería.
Ha añadido que las alegaciones también contemplan la modificación del concepto de agricultor activo, promoviendo que el agricultor certificado en producción integrada o ecológica sea considerado como tal y que sea suficiente con demostrar actividad agraria, independientemente de que se compatibilice esta con otras actividades profesionales.
De igual modo, se solicita un aplazamiento de la entrada en vigor de la obligatoriedad de poner en marcha el cuaderno digital de explotación agrícola. Los firmantes entienden que no es el momento de aplicarlo, con los efectos que está teniendo en el sector la
guerra en Ucrania, los elevados costes de producción que soportan, la inflación y la sequía. En concreto, demandan un aplazamiento general hasta septiembre de 2024, y hasta el mismo mes de 2025 en el caso de pequeñas explotaciones agrarias.
Asimismo, el documento incluye la petición de flexibilizar las prácticas medioambientales que se exigen con la nueva PAC. Los firmantes entienden que su flexibilización es procedente para poder adaptarlas a la realidad de la comunidad autónoma y que tengan una mejor aplicación. Por otra parte, como territorio con la mayor superficie de agricultura ecológica del territorio nacional, con más de un 29%, la Junta de Andalucía, Asaja, COAG, UPA y
Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía solicitan que este
tipo de producción sea considerada como un ecorregimen per se.
