El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la distribución de un crédito de más de 11 millones de euros (11.000.941), con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales en el desarrollo de competencias en materia de dependencia en el ejercicio 2023.
Esta cifra se amplió, por primera vez desde 2012, en el año 2021, con un incremento de 710.000 euros. Desde entonces, se ha considerado mantener esta cantidad para lograr una atención más ágil a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Así, el objetivo es garantizar en 2023 el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales de Andalucía en materia de dependencia.
Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Los gastos que se financian son los correspondientes al personal encargado de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión además de informar y orientar a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia.
Para ello, el personal cuya contratación es financiada con cargo a este acuerdo contará con la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social. Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.
Las entidades locales deberán destinar los fondos a la finalidad prevista, garantizando el desarrollo de las competencias que se asumen en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por otro lado, el acuerdo establece un seguimiento y control del importe financiado de forma concreta y transparente.
Andalucía atiende, a fecha de 30 de noviembre, a 268.754 personas en situación de dependencia a través de servicios y prestaciones económicas, de las cuales 70.169 son grandes dependientes (Grado III), 123.189 son personas con Grado II de dependencia severa y 75.396 personas tiene Grado I de dependencia moderada.
Este dato supone un incremento neto de 11.527 personas beneficiarias más que al cierre de diciembre de 2021 (4,5%). Durante el año 2022 se han gestionado 44.299 nuevas altas de personas que se han incorporado al sistema y se han resuelto un total de 33.816 revisiones del Programa Individual de Atención (PIA), por cambio de prestación.
Por su parte, las personas con derecho que se encuentran pendientes de recibir su prestación se han reducido en 1.943 desde enero a 30 de noviembre de 2022, lo que supone una reducción del 5,07% durante este año. Desde el cierre del año 2018, la lista de espera de personas con derecho pendientes de prestación de dependencia en Andalucía se ha reducido un 52%, en concreto 38.715 personas menos a la espera.
