El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recordado en el Parlamento andaluz que todas las misiones realizadas por la Unesco a Doñana concluyen que el estado de conservación de este espacio natural es satisfactorio y que persisten los valores excepcionales universales que la hicieron merecedora de su designación como Patrimonio Mundial en 1994. A ello hay que añadir que este enclave se encuentra también entre los 25 espacios señalados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como mejor gestionados del mundo.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, Fiscal ha informado que de los cuatro procedimientos abiertos por la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo en relación con Doñana, tan solo uno continúa tramitándose, ya que los otros tres «están en manos de los Tribunales nacionales». El consejero ha aclarado que sobre dicho expediente, iniciado por el Club Doñana, la comisión considera que España no ha adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de la masa de aguas subterráneas en Doñana y, por tanto, no ha cumplido los requisitos que impone la Directiva Marco de Aguas. Como consecuencia de ello, la Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción no solo por un supuesto incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas, sino también de la Directiva de Hábitats.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha trasladado al Estado un informe argumentado en el que se deja constancia del cumplimiento de ambas directivas. No en vano, el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos situados al Norte de la Corona Forestal de Doñana y la propia planificación hidrológica vigente establecen un diagnóstico eficaz de la situación, a la vez que componen un cuadro de medidas que están causando un efecto positivo.
Respecto a los otros tres expedientes tratados por la Comisión Permanente, todos ellos relacionados con el riesgo que supone la extracción, almacenamiento y transporte de gas en Doñana, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para evaluar conjuntamente los cuatro subproyectos del proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de este espacio natural.
En esta línea, el Gabinete Jurídico de la Junta está trabajando para cuando se inicie el plazo de presentación del escrito de demanda, que contendrá los argumentos y fundamentos jurídicos que sustenten la interposición del recurso. No en vano, una de las claves del pleito será determinar el alcance y la procedencia de las modificaciones de las declaraciones de impacto ambiental.
Según Fiscal, los argumentos de esta iniciativa se recogen en sendos informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Extremadura y Andalucía, que considera que el riesgo sísmico que presenta el proyecto es suficiente para suspender su ejecución.
