Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, ha convocado movilizaciones este sábado 26 de junio en contra de la Ley Trans del Igualdad que, a su juicio, supone «un retroceso en la protección» de los derechos de las mujeres.
Estas movilizaciones se van a producir un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el anteproyecto de esta norma se aprobará en el Consejo de Ministros del martes 29 de junio, incluyendo en su redacción la autodeterminación del colectivo trans.
Las entidades feministas consideran que «la ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular», está llegando a una situación «criminal» que está «subvirtiendo todas las reivindicaciones» del movimiento y «penetrando en todo el ordenamiento jurídico» del país.
Y señalan directamente al Gobierno actual que, recuerdan, se «autodenomina» el «más feminista de la historia» y, sin embargo, y a su juicio, «están transformando las leyes contra la agenda feminista» por la que llevan «luchado durante los últimos 300 años».
«Ante la inacción cómplice de la presidencia del Gobierno, el ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres», asegura la Confluencia, que también pone el foco en las CCAA que han aprobado leyes sobre los derechos trans. Esta situación, indican, les ha llevado a «tomar las calles».
MODIFICAR LAS LEYES RODHES Y CELAÁ
En esas movilizaciones reclamarán la derogación de todas las leyes trans existentes en el territorio español en las que se «sustituye la categoría jurídica ‘sexo’ por ‘identidad de género'».
Además, quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discrominación) que «introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros».
También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celáa (LOMLOE), que, en su opinión, «generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad».
Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres, ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando «una ley misógina» que «destroza» los derechos de las mujeres y que estará «rendida a los deseos de los varones».
La exdiputada socialista y activista Ángeles Álvarez, ha señalado, además, a los «grandes medios de comunicacion» que, a su juicio, «están jugando un papel preocupante» al «ocultar información sobre la deriva hacia la nueva misoginia». «Obstaculizar el acceso a información sobre el impacto de las leyes es contrario a los principios éticos de la profesión periodística», ha escrito en su cuenta de Twitter.
