La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, cuyos inspectores urbanísticos paralizaron el pasado año 60 construcciones que se habían levantado en suelo no urbanizable en El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), ha constatado la rotura de bridas y precintos en al menos 14 de esas viviendas para la terminación de las obras y su alquiler posterior a turistas.
Según ha informado la Junta en una nota, ante esta situación se está procediendo a imponer a los propietarios de dichas viviendas precintadas multas coercitivas por cuantías de hasta 24.483 euros cada 10 días hasta que las viviendas no se pongan a disposición de la Junta para volver a ser precintadas y cesen los alquileres vacacionales y usos de los inmuebles.
En el marco de las actuaciones en materia de disciplina urbanística que la Junta de Andalucía viene desarrollando en el ámbito de El Palmar, el pasado año la Consejería de Fomento frenó la construcción de unas 60 viviendas, la mayoría de ellas prefabricadas, instaladas sin ningún ningún tipo de licencia e incumpliendo gravemente la normativa territorial y urbanística.
Para evitar su avance, la Junta dictó órdenes individualizadas de suspensión y se procedió a su precinto, en estrecha colaboración con la Policía Nacional adscrita a la Policía Autonómica y la Guardia Civil.
Sin embargo, durante las posteriores visitas giradas por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acompañada por la Policía Autonómica, la Junta ha constatado de forma expresa la rotura de las bridas y precintos practicados en al menos 14 de las 60 viviendas para terminar las obras y alquilarlas.
Ante esta situación, la Junta ha avisado que la Consejería de Fomento «actuará con la máxima contundencia contra esos propietarios que, deliberadamente y a sabiendas de la ilegalidad de su conducta, están aprovechando el atractivo turístico de esta zona para lucrarse alquilando las viviendas precintadas durante los meses de verano a altos precios».
De hecho, la Junta ha explicado que alguno de los lotes precintados cuentan con suministros de energía eléctrica (autogeneradores) y abastecimiento de agua, y que están siendo objeto de alquiler vacacional en su mayor parte, bien a través de plataformas digitales o directamente por la propiedad.
Además, los inquilinos, procedentes de diversas partes de la geografía nacional, aseguran que los dueños de las parcelas les han arrendado el inmueble por importes de hasta 1.000 euros semanales o 3.500 euros al mes.
La Junta ha asegurado que, ante la gravedad de las actuaciones, está procediendo a instar el inmediato cese en el uso indebido de las viviendas, habida cuenta que las órdenes de suspensión y precinto se encuentran confirmadas incluso judicialmente, para garantizar la salvaguarda de la normativa territorial, medioambiental y la seguridad y salubridad de las personas.
Asimismo, la Junta está procediendo a imponer a los propietarios de dichas viviendas precintadas multas coercitivas por cuantías de hasta 24.483 euros por incumplimiento de las órdenes de suspensión, que se repetirán cada diez días hasta que las viviendas no se pongan a disposición de la Junta de Andalucía para volver a ser precintadas y cesen los alquileres vacacionales y usos de los inmuebles.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal en que pudieran incurrir quienes incumplen el deber de suspender las obras y proceden a romper los precintos. La Junta ha destacado, también, que pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para la exigencia de la responsabilidad penal que proceda, por lo que los responsables se enfrentan a la acusación de posibles delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y también delito de desobediencia.
