En esta sesión también se ha aprobado por unanimidad aplicar medidas que favorezcan el acceso a servicios bancarios para personas mayores y vulnerables, entre otros asuntos.
La Diputación de Cádiz ha celebrado su Pleno ordinario de febrero, que ha vuelto al formato presencial y que ha servido de despedida para Mario Fernández, que deja sus cargos públicos y ha formalizado su renuncia como diputado y vicepresidente segundo.
En este apartado, el Pleno ha concitado la coincidencia de todos los grupos en un tema: el proyecto de instalación de un Parque Eólico Marino en la costa de Cádiz. Tanto Izquierda Unida como el Grupo Socialista y Adelante Cádiz han presentado sendas mociones posicionándose en contra de esta iniciativa. Un rechazo que han sustentado en las consecuencias perjudiciales que tendría para la protección del litoral marino de Cádiz y su entorno natural, así como en el paisaje como recurso ambiental, turístico y estratégico de la provincia. En el debate plenario también se ha incidido en las consecuencias negativas que podría representar para la navegación marítima y la pesca.
No ha sido el único asunto en el que varios grupos han coincidido en presentar ante el Pleno. Los grupos Izquierda Unida, Andalucía por Sí y Socialista han propuesto el debate en relación con el servicio y atención de los bancos a las personas mayores y consumidores vulnerables, ante la deshumanización de la atención de los clientes y la tecnificación de los procedimientos.
El Pleno además ha secundado la moción del Grupo Socialista de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que se recupere «con carácter inmediato» la intensidad de 20 horas del servicio de ayuda a domicilio para personas con grado uno de dependencia.
De nuevo la administración autonómica ha sido interpelada en una propuesta de Andalucía por Sí, que ha solicitado la aprobación de Planes de Empleos Públicos con carácter temporal, y que se incluyan entre los perfiles de desempleados prioritarios aquellos demandantes de empleo que hayan sufrido inactividad laboral más de seis meses a lo largo de los cuatro últimos años cotizados. El acuerdo también implica al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a quien el Pleno ha solicitado que elimine, o al menos amplíe, el plazo legal para pedir las prestaciones por desempleo.
