El Pleno de Diputación ha aprobado por unanimidad dos iniciativas públicas que suman nueve millones de euros para los municipios de la provincia de Cádiz.
Uno de los instrumentos resueltos es un programa clásico: el Plan Provincial de Obras y Servicios, si bien se ha empleado una novedosa fórmula para recuperar actuaciones inconclusas –alguna de ellas data incluso de 2014- y plantear un modelo que permita mayor agilidad en la ejecución de próximas ediciones. La otra intervención, el Plan Invierte Social COVID-19, es de nuevo cuño y es una de las diseñadas por el gobierno que preside Irene García para contrarrestar los perjuicios causados por la actual pandemia.
El responsable del área de Desarrollo Local de Diputación, Manuel Chacón, ha defendido la modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios. El objetivo de esta revisión consiste en sacar adelante, antes de que termine el año 2021, un centenar de actuaciones en infraestructuras y servicios públicos de más de 40 municipios. Esta movilización de recursos, que supera los 5,9 millones de euros, permitirá un millar de empleos directos, según la argumentación expuesta al Pleno por parte de Manuel Chacón.
Los 43 ayuntamientos destinatarios, tras aportar la documentación inherente a las obras, podrán recibir el 70 por ciento de la financiación antes de que finalice el presente 2020; el 30 por ciento restante se librará en el próximo ejercicio, cuando se resuelva la ejecución y justificación de las actuaciones.
El responsable de Bienestar Social de Diputación, David de la Encina, expuso el alcance de otra de las intervenciones respaldadas por el Pleno: el Plan Invierte Social COVID-19, con el que se transfieren tres millones de euros a los 45 municipios de la provincia de Cádiz.
El Plan Invierte Social COVID-19 se nutre del superávit del presupuesto de Diputación de 2019, concretamente del 20 por ciento de dicho saldo que puede dedicarse conforme a la legislación en vigor. El diputado de Bienestar Social recordó que Diputación, desde la irrupción de la crisis, ha concretado diferentes iniciativas con una inversión agrupada que supera los 26 de millones de euros.
Entre otros asuntos tratados, el Pleno ha apoyado la moción del grupo Socialista en torno a la medida de la Junta de Andalucía de las ‘tarjetas monedero’. Se ha pedido retirar y reformular el proyecto y reforzar el sistema público de servicios sociales, pues según ha defendido el proponente esta medida es contraria a la autonomía local y la prevalencia de lo público en la gestión de las ayudas sociales.
