La senadora gaditana, Cándida Verdier, portavoz de Familia e Infancia destaca la nueva Ley de Familias con la que el Gobierno garantiza y protege “el reconocimiento jurídico de las distintas estructuras familiares”.
La senadora por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, ha valorado el anteproyecto de la Ley de Familias aprobado en Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre destacando que “esta Ley tiene varios objetivos claros, entre ellos, el reconocimiento jurídico de las distintas estructuras familiares, determinar las prestaciones y servicios a los que tienen derecho y reducir la pobreza infantil”.
Lo dice en una provincia como Cádiz que tiene más niños conviviendo en familias monoparentales, un total de 50.600 solo con madres y 9.500 solo con padres, que en el seno de parejas de hecho que son 45.300. Hasta los 366.000 niños y niñas que conviven en familias en la provincia, el resto 260.600, el mayor volumen corresponden a matrimonios.
Por eso, la senadora gaditana, que es la portavoz de Familia e Infancia del PSOE en el Senado, defiende la importancia de una norma que reconoce una realidad, que se adapta a las nuevas formas de convivencia familiar y que sin duda representa también un avance del feminismo y de los derechos LGTBI. Es importante también, a su juicio, porque la norma atiende a la creciente demanda de cuidados por el progresivo envejecimiento de la población.
Por otro lado, Verdier recuerda que “la Ley de Familias, asimismo, tiene la finalidad de transponer al ordenamiento español la Directiva de la Unión Europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que va más allá del establecimiento de permisos y otorga una relevancia especial a la adaptación de condiciones de trabajo, introduciendo con rotundidad la dimensión de la corresponsabilidad”.
Verdier resalta que el anteproyecto de Ley persigue la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia; y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El impacto económico de las medidas incorporadas en el anteproyecto supondrá alrededor de 628 millones de euros anuales, según ha explicado Cándida Verdier.
