La diputada, Ana Carrera, valora el ágil rediseño de este programa, que estaba encauzado en febrero y que se ha adaptado tras el impacto del COVID-19
Los convenios que desarrollan la sexta edición del Plan de Cooperación Local (PCL) ya se han pasado a la firma de alcaldes y alcaldesas de 40 poblaciones de la provincia de Cádiz. Con su aceptación y la rúbrica de la presidenta de Diputación, Irene García, ya se podrá aplicar un programa que comprende un presupuesto de 4.377.000 euros. Con esta cobertura económica “más de mil personas van a tener la oportunidad de encontrar un empleo en su municipio”, según ha manifestado la responsable del área de Empleo de Diputación y vicepresidenta del IEDT, Ana Carrera.
Tras la firma de los convenios Diputación transferirá los importes correspondientes a cada localidad. Un pago anticipado que cubre la totalidad del gasto. Los ayuntamientos emprenderán la selección del personal adscrito al nuevo Plan, conforme a alguna de las variantes aceptadas en las bases: mediante oferta genérica solicitada al Servicio Andaluz de Empleo, a través de bolsa de empleo municipal o bien convocando un proceso selectivo específico. Los contratos, según las prioridades de cada ayuntamiento, pueden oscilar entre los 15 días y los seis meses.
Julio es, por tanto, el mes de entrada en vigor del sexto Plan de Cooperación Local, “que muchos lo conciben como algo rutinario pero que no lo es. Hay que recordar que estos planes de empleo no existían antes de 2015 y, en menos de cinco años, ya se han promovido seis ediciones”, según ha indicado Ana Carrera. Si se agrupan los presupuestos de las seis ediciones se alcanza un saldo inversor cercano a los 26 millones de euros, casi 7.000 contrataciones y más de 800 actuaciones.
Los destinatarios del Plan de Cooperación Local son los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes así como las diez entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. El plan conlleva varios beneficios: contratar a personas en desempleo, y en ocasiones en riesgo de exclusión social; mejorar equipamientos, infraestructuras y bienes; e incluso reforzar los servicios públicos que administran los ayuntamientos.
