Los empresarios de la playa demandarán al delegado de Urbanismo del ayuntamiento de Cádiz por presunto delito de prevaricación. Entienden que desde el Ayuntamiento de Cádiz se están dictando resoluciones injustas, como incoar expedientes sancionadores mientras se dan autorizaciones de ocupación con mayor superficie de la permitida en el PGOU.
Tras consultar con los servicios jurídicos de la Federación Nacional y la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, así como revisar toda la documentación existente, desde la asociación de empresarios de la costa han considerado justificada la presentación de una denuncia por las actitudes arbitrarias que según dicen, ha llevado a cabo la Delegación de Urbanismo del ayuntamiento de Cádiz en los últimos meses.
En este sentido, se planteará una denuncia vía penal por un presunto delito de prevaricación al entender que desde la citada delegación se están dictando resoluciones injustas, entre otras, la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística.
Se da la circunstancia, según apuntan desde AECCA, que el propio Consistorio ha autorizado ocupaciones en las playas muy superiores a los 150 m2 y, por tanto, contraviniendo el PGOU, con instalaciones de altura y ocupaciones superiores a las permitidas en el documento, e incluso equipamientos expendedores de bebidas prohibidas en instalaciones deportivas.
Además, se ha constatado a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (en información solicitada por los empresarios), que el Ayuntamiento habría infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas o buscando posibles subterfugios para eximir al Consistorio de cumplir sus propias obligaciones con respecto a la legislación urbanística de la ciudad.
En cuanto al acuerdo de desistimiento por parte del Ayuntamiento de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, se plantea interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, entendiendo que podría haber una vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima, de seguridad jurídica, entre otras restricciones de los derechos de los empresarios.
Según dice los empresarios de la costa, El Ayuntamiento de la capital asumió, en su día, la transmisión ante la resolución de la administración competente. De hecho, no presentó alegaciones ni recursos a la citada resolución remitida por los empresarios de la playa. Algo que garantizaban la permanencia y por lo tanto suponía consolidación de las plantillas y, por ende, un mejor servicio a los usuarios de las playas.
Desde este colectivo lamentan la situación que califican de insostenible para los casi 200 trabajadores empleados en la playa, que, junto con los empresarios, preparan una concentración en repulsa por la actitud incoherente e irresponsable del Ayuntamiento de Cádiz.
