La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha asegurado este martes 16 de octubre que el «espíritu es eliminar» la esterilización forzosa de las personas con discapacidad establecida en el Código Penal, pero ha abogado por crear una comisión de expertos que analice «todas las aristas» de este asunto.
Durante su primera comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, ha apuntado que este asunto debe alcanzar un consenso «similar» al de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad que se aprobará previsiblemente este jueves en el Pleno del Congreso.
Por ello, Lima ha avanzado que su departamento cree que lo primero debe ser la constitución de una comisión parlamentaria integrada por expertos, personas del ámbito de la Justicia, de la Sanidad y de la Igualdad, así como otros actores implicados, que analicen «la situación actual» de esta realidad.
El artículo 156 del Código Penal vigente permite esterilizar a personas incapacitadas judicialmente sin su consentimiento. Para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «es la vulneración más grave de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad que persiste en el ordenamiento jurídico español».
Así pues, el comité ha avisado en un comunicado que en las próximas semanas y meses centrará su tarea en la erradicación de la esterilización forzosa, tras haber logrado la materialización de la modificación legar para «reponer en el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad».
«DEBE ABORDARSE»
Lima también considera que «una vez conseguido» el derecho al voto «debe abordarse» la esteralización forzosa, según ha manifestado tras ser preguntada por la mayoría de los grupos de la oposición sobre los planes del Gobierno. Desde Ciudadanos, el diputado Diego Clemente ha avanzado que su partido va a presentar la próxima semana una iniciativa al respecto, al tiempo que ha recordado que los datos apuntan que las esteralizaciones forzosas ascienden a «1.044».
En cualquier caso, ha tachado de «éxito» para la democracia la aprobación de la reforma de la Loreg, que permitirá que «100.000» personas con discapacidad puedan votar en España, al tiempo que ha añadido que es probable que estas puedan ya hacer uso de este derecho en las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre.
Por otro lado, Lima ha afirmado que el Plan de Accesibilidad 2018-2026 está en fase de borrador, «pendiente de su aprobación» en Hacienda, y el objetivo del Gobierno es que el año que viene se apruebe. «Es un derecho universal», ha declarado.
La secretaria de Estado ha comparecido para informar sobre las líneas generales de la política de se su departamento en el ámbito de sus responsabilidades. En este sentido, ha aseverado que sus actuaciones irán encaminadas a dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como a la Agenda 2030, un plan con 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).
«CUENTAS DURMIENTES» PARA SU MEJORA EDUCATIVA
Lima ha avanzado que el Gobierno quiere que los saldos y depósitos que se han abandonado en los bancos (cuentas durmientes) se destinen a la mejora de la educación de las personas con discapacidad. Según ha detallado, el objetivo es impulsar la «igualdad de oportunidades» en este ámbito, garantizar «la movilidad» de estas personas y su inclusión en la educación «sin tener que recurrir a la educación especial».
Esta medida fue aprobada en diciembre de 2017 por el Gobierno del PP. Posteriormente, en febrero de 2018, la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró que el Ejecutivo destinaría dos millones de euros este año con cargo a lo recaudado de estas cuentas bancarias durmientes (abandonadas) a «más formación y más empleo» de personas con discapacidad.
Por otro lado, Lima ha aseverado que el Gobierno dedicará más de 500 millones a mejorar el sistema de Dependencia porque el «espíritu» del Gobierno es revertir todos los recortes del año 2012.
Asimismo, ha defendido la necesidad de terminar con «11 años de olvido» y desarrollar el reglamento sobre las lenguas de signos. «No podemos bajar la guardia, quedan pendientes muchos logros», ha recalcado Lima, que también ha dicho que desde su departamento seguirán luchando «porque aumente la tasa de empleo» entre estas personas.
