El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PP-A, que ha contado con el apoyo de Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que ha sido rechazada por
PSOE-A, Unidas Podemos, en la que se rechaza la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana y se manifiesta el «apoyo sin fisuras» de la institución a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que defienda el mantenimiento «de su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación les asegura».
Además, se ha pedido a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de los medios materiales adecuados para el desempeño de su labor y que solicite cualquier iniciativa de modificación de la Ley
de Seguridad Ciudadana que no garanticen esos principios.
En defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha denunciado los «ataques» del Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos a la actual Ley de Seguridad Ciudadana, basados en criterios «puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista». Ha dicho que esa norma contó en su día de un amplio consenso y vela por los servicios públicos y por el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y salvaguarda los derechos fundamentales, como el de manifestación.
Ha defendido que la aplicación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para evitar la extensión de la pandemia del Covid y de hecho, ha sido utilizada de forma habitual por el actual Gobierno central. López ha añadido que es «plenamente constitucional y así lo confirmó la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional, que rechazó con contundencia los argumentos jurídicos que entonces planteó la oposición».
La reforma legislativa que persiguen PSOE y Unidas Podemos, según Loles López, conlleva que se puedan hacer manifestaciones sin notificación y sin control, mientras que saldrá «muy barato agredir a la Policía Nacional y la Guardia Civil» y además se elimina del ordenamiento jurídico la prohibición de difundir imágenes de agentes si previa autorización. «Se les quita el principio de veracidad y de autoridad», ha alertado, apuntando que PSOE y Podemos no quieren una ley de seguridad ciudadana, sino de «impunidad ciudadana».
Por su parte, la diputada del PSOE-A Araceli Maese ha indicado que la iniciativa popular forma parte del «continuo pulso» que la Junta plantea al Gobierno central, guiada por los «cálculos electorales y acorralados por Vox», mientras que se «enmienda la plana» a Pablo Casado, que «no sabe dialogar ni consenuar». Ha defendido una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, frente a los «bulos» que se están lanzando, «protege» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ha indicado que la ley actualmente vigente, cuya reforma ha pedido Europa, fue elaborada con el único objetivo de «reprimir» las protestas ciudadanas contra el «nefasto» Gobierno de Mariano Rajoy
La parlamentaria de Cs Mar Hormigo ha indicado que cualquier reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe ser fruto del consenso y ha alertado de que la modificación que plantea el Ejecutivo nacional lo que menos respalda es la seguridad y si no se cuenta con los colectivos afectados, nacerá «muerta». Ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la modificación de esta norma, se «arrodilla ante los intereses de los que quieren expulsar» de sus comunidades a todas las instituciones del Estado.
El diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez ha justificado la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana porque esa «ley mordaza» del anterior Gobierno del PP tiene un claro impacto contra los derechos humanos por su potencial represivo, como ha dicho «la Comisión Europea». Ha indicado que la reforma de esta ley no es un «capricho, sino una necesidad» y se trata de corregir los aspectos que atentan contra los derechos humanos.
El diputado de Vox Benito Morillo ha indicado que el «indigno» Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez da un paso más en la estrategia de «destrucción de instituciones del Estado», del orden y del estado de derecho con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, convirtiéndola en una ley de «inseguridad ciudadana». Ha mostrado su preocupación por que con la reforma se persigue eliminar el principio de autoridad y se «comercia con la seguridad» de los españoles por las cesiones del Ejecutivo de Sánchez a sus socios.
