La Comisión Europea presentará en abril una propuesta legislativa para forzar a los proveedores de Internet y las plataformas sociales a ceder las pruebas electrónicas a las autoridades relevantes de los Estados miembro en el caso de investigaciones penales para combatir el terrorismo y el crimen organizado.
«Estoy convencida de que no podemos depender de la acción voluntaria de los proveedores informáticos», ha subrayado la comisaria de Justicia, Vera Jourová, en rueda de prensa al término de la reunión de los ministros del ramo de los Veintiocho.
«Los criminales y terroristas cada vez más dependen de los correos electrónicos, textos y otras herramientas electrónicas. Nuestros fiscales necesitan estas pruebas para condenarles», ha justificado, en alusión a servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.
La comisaria ha avisado de que «la cooperación hoy es demasiado lenta y es difícil hacerse con las pruebas», entre otros motivos porque «frecuentemente» las fiscalías europeas «dependen de la buena voluntad de las compañías informáticas para acceder a estas pruebas».
«Frecuentemente están almacenados en otro Estado miembro o fuera de las fronteras de la UE», ha recordado la comisaria, que ha confiado en tener la propuesta normativa «lista» en abril.
Así, Jourová ha avanzado que abordará con las autoridades estadounidenses cuando visite Washington en dos semanas su proyecto normativo ‘Cloud Act’, que está siendo discutido en el Congreso y que, si se aprueba, obligaría a los proveedores de servicios estadounidenses a ceder el contenido de los datos con independencia de donde se almacenan.
También abre la puerta a que la Administración estadounidense concluya acuerdos para que los proveedores estadounidenses cedan estos datos a terceros países sin la necesidad de solicitar la asistencia jurídica mutua (MLAT) formal.
Jourova ha asegurado que ha recibido un «mandato fuerte» de los Veintiocho para pedir una solución «unificada» a Estados Unidos.
