El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este jueves, con los votos exclusivamente del PP-A, el Decreto-ley 8/2022, que modifica a su vez la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, regulador del servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que está en vigor desde el pasado 1 de octubre.
Vox se ha abstenido y PSOE y Por Andalucía han votado en contra. Estos dos últimos grupos habían pedido la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, pretensión que ha rechazado el PP por 57 noes frente a 51 síes.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido ante el Pleno del Parlamento este decreto que ha definido como «una norma con sello andaluz, diferente a la aprobada en la Comunidad de Madrid y en Cataluña».
La Junta ha remarcado que la elaboración del decreto ley es consecuencia de que el Gobierno dejase en manos de las comunidades autónomas la regulación de este asunto al suprimir el servicio urbano de VTC desde el 1 de octubre.
El Decreto ley convalidado fija zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.
También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación, y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Los VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, «en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una mejor protección de los derechos de los usuarios».
El decreto establece que los conductores de VTC «dispondrán de un plazo máximo de dos años para obtener la capacitación profesional computados desde la entrada en vigor» de esta norma.
Los conductores de vehículos adscritos a autorizaciones VTC deberán reunir, para la prestación del servicio, requisitos como «disponer de un permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial» y «certificado de capacitación profesional vigente para el ejercicio de la actividad expedido por la Consejería competente en materia de transporte».
También, «figurar dada de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad Social», y «no desempeñar simultáneamente otros trabajos que afecten a su capacidad física para la conducción o que repercuta negativamente sobre la seguridad vial».
La norma establece que no habrá más autorizaciones que las concedidas por el Estado y «sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis».
El Decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad.
En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud; en concreto, un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco, y 4,5 metros para los cero emisiones.
Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC, uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda.
Se aplicará el régimen sancionador del Estado y se otorga la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.
La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios contra las tarifas abusivas de los VTC en momentos de gran demanda y podrá establecer una tarifa máxima «previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios».
El decreto ley, ha defendido el Gobierno andaluz, «tiene como fin garantizar el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación».
La normativa andaluza ha buscado «que los VTC sigan trabajando, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este servicio público de interés general se vea también reforzado y asegurado», en palabras de la consejera.
El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha expulsado del Pleno a dos representantes del sector del taxi, quienes habían alzado la voz durante la intervención de Carazo y a quienes previamente había reclamado que guardaran silencio.
PSOE Y POR ANDALUCÍA PIDEN TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY
La diputada socialista Isabel Ambrosio ha sostenido que el decreto ley del Gobierno andaluz incumple preceptos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Autonomía Local o la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano, a lo que ha sumado que sufra el rechazo del Parlamento, del sector, de la FAMP y hablar entonces de que «ha hecho Pleno al 15», de lo que ha colegido que «no ha tenido voluntad política» tras cuatro años para elaborar la norma.
«El PSOE se va a quedar con los afectados por este decreto ley», ha afirmado Ambrosio tras proclamar que «el texto es un despropósito legal, que no tiene memoria económica, ni reglamento».
El PSOE, al igual que Por Andalucía, ha solicitado la tramitación del decreto ley como proyecto de ley.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha colegido de que si el sector del taxi «se siente gravemente perjudicado por este decreto» es que «el decreto muy afortunado no es» para reprocharle que «el diálogo algo diferente a lo que ustedes han aplicado como método de trabajo: sentarse en una mesa con alguien y decirles que son lentejas».
Nieto ha señalado lagunas en la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor como que «se han renovado las tarjetas de transporte a los VTC sin verificar si había seguro de responsabilidad civil limitada por 50 millones de euros como se exige a los taxistas» y colegir que si el Gobierno andaluz «sabía que no se ajusta a ley comete un delito» tras apuntar que «la Junta de Andalucía ha mirado para otro lado».
La portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido que «no había problemas entre VTC y taxis hasta la aparición de multinacionales» y ha reprochado a Carazo que «han decidido trabajar para tres empresas en paraísos fiscales», por lo que ha concluido que «es la consejera de Uber y Cabify y no de los ciudadanos», a lo que ha sumado que «tienen a gente del PP trabajando en la patronal de los VTC, Inauto».
Rodríguez ha sostenido que ninguna Comunidad que ha establecido la precontratación con 15 minutos de antelación «tiene ningún problema» y ha señalado que la Junta de Andalucía ha propociado que «los VTC puedan circular por toda Andalucía», de manera que puedan acudir a los carnavales de Cádiz o la Feria de Sevilla a prestar servicio ante una alta demanda.
El parlamentario de Vox Ricardo López ha recriminado al Gobierno andaluz que «han tenido cuatro años para trabajar desde el famoso decreto Ávalos (exministro de Transportes)», por lo que ha considerado que «no cuela» que «el centro centrado neoprogresista nos trae un decreto con nocturnidad y alevosía».
La diputada del PP Berta Centeno ha argumentado que «el decreto Ávalos nos obliga a las comunidades a regular el servicio urbano», hecho que ha retratado como «un caos jurídico sin precedentes» y considerado como «una dejación de funciones del Gobierno inaudita» que ha conducido a «17 normas distintas».
A este escenario se ha enfrentado «un Gobierno valiente que se puso a negociar con todos los sectores implicados», de los que ha dicho que «hay 17.000 familias pendientes» entre ambos sectores, VTC y taxi.
