El Gobierno ha eliminado la bonificación generalizada al combustible para el año 2023 y ha decidido mantenerla solo para el colectivo de profesionales, que incluye a transportistas, agricultores, navieras y pescadores, por lo que el descuento de 20 céntimos desaparecerá el próximo 1 de enero para los clientes particulares.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras las reunión del último Consejo de Ministros de este año.
Sánchez ha señalado que la evolución en las últimas semanas de los precios de los carburantes ha sido favorable, lo que explica que no se haya prorrogado para particulares, pero ha defendido que el descuento ha teniendo un «efecto indudable positivo en millones de trabajadores».
La bonificación se abonará al final de cada mes hasta el 31 de marzo de 2023 para los transportistas que ya se acogen al gasóleo profesional. Para los agricultores, la ayuda directa por el citado importe se aplicará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos.
Por otro lado, se establece un sistema de ayudas directas para las empresas y trabajadores autónomos que no se benefician de la devolución del gasóleo profesional. Los beneficiarios deberán solicitar la ayuda a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2023, que, una vez aprobada, se abonará en un único pago.
La bonificación se calcula estimando el consumo, por tipo de vehículo, en un periodo de seis meses. Por ejemplo, para los camiones de más de 7,5 toneladas de gasóleo la ayuda máxima será de 2.700 euros y para los taxis de 300 euros.
La medida, que tiene un coste de 240 millones de euros, se articulará en dos fases: la primera contempla un descuento de 20 céntimos por litro de combustible consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y la segunda una bonificación de 10 céntimos de euros entre el 1 de abril y el 30 de junio.
No obstante, para las flotas movidas por gas se prevé una compensación de 27 céntimos hasta marzo y de 14 céntimos de euros durante el segundo trimestre del año, dadas las especiales circunstancias a las que se enfrenta el precio del gas en esta reciente etapa.
CAÍDA DE PRECIOS
Se trata de una medida que surgió inicialmente del diálogo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los transportistas reunidos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que congrega a las principales patronales del sector.
Finalmente, el Ejecutivo decidió ampliarlo y aplicarlo al conjunto de la población en línea con las medidas tomadas en el resto de Europa, como en Portugal o Francia, para amortiguar el impacto de la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.
La medida se aplicó primero hasta el 30 de junio a través del primer plan de respuesta a la guerra, aprobado a finales de marzo, pero se prorrogó en junio con la aprobación del segundo gran plan para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa.
El coste de esta medida para sus tres primeros meses de aplicación se estimó en 1.423 millones de euros, por lo que para el conjunto de los nueve meses ascendería a más de 4.000 millones de euros, uno de los principales motivos por los que se habría decidido su eliminación, así como por su carácter regresivo, ya que se aplica a todo el mundo por igual, independientemente de su renta.
Además, el precio de los combustibles ha ido descendiendo en los últimos meses y ya se sitúa el diésel en torno a los 1,6 euros y la gasolina alrededor de los 1,5 euros, frente a los máximos de 2,1 euros y 2,15 euros, respectivamente, que han llegado a tocar este año.
El Gobierno también ha extendido durante seis meses más, entre el 1 de enero y el 30 de junio, la modificación temporal de la fórmula de revisión del precio del transporte por carretera, que aumenta el peso del coste del combustible en la tarifa final, pasando del 30% al 40%, para ajustarlo al peso real que tiene respecto a los demás facturas en un momento de elevados precios de la energía.
