El portavoz del grupo municipal del PP, Ignacio Romaní, acompañado de los concejales, Vicente Sánchez y José Blas Fernández, ha comparecido hoy ante los medios para dar a conocer un decreto que, según han asegurado, firmó el alcalde el 13 de marzo, un día antes de que se conociera la sentencia del TSJA que anulaba el presupuesto de 2016, donde, según han apuntado, se realiza un nuevo ajuste presupuestario de casi 2 millones y medio de euros de los que un millón es en concepto retribuciones básicas de personal del consistorio.
Un decreto que, según han dado a entender lo han mantenido oculto y han cuestionado si el portavoz del PSOE, Fran González, era conocedor de este decreto que afecta a los trabajadores.
Los populares también han recordado que si el equipo de gobierno no recurre la sentencia del TSJA que anula las cuentas de 2016, el ayuntamiento se regirá por los presupuestos de 2014, algo que no ocurrirá si se aprueban, los presupuestos presentados este mismo viernes a los medios de comunicación, antes del 30 de abril que es la fecha en la que se hace firme la sentencia del Tribunal.
Desde el PP han anticipado que las cuentas de 2018 tendrán que ser sometidas a un reajuste presupuestario para compensar los ingresos con los gastos ya que los ingresos han quedado reducidos a 139 millones de euros, y suponen un retroceso en 10 años de las cuentas municipales.
