La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha vuelto a rechazar el plan de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha reiterado que el Gobierno debe asumir «todos los gastos» derivados de la implementación de esta normativa estatal.
Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Coordinación Universitaria, Lorenzo Salas, tras su participación en una nueva sesión de trabajo para continuar analizando las medidas planteadas por el Gobierno central. Salas ha explicado a través de una nota de prensa de la Junta que el Ministerio de Ciencia ha hecho una nueva estimación de ayudantes doctores a incorporar en el marco de la LOSU, elevando la cifra inicial de 4.200 a 5.036, pero, ha dicho, «sin compromiso alguno de aportar una partida adicional que cubra ese incremento».
Por eso, ha calificado de «irresponsable» la propuesta trasladada por la Administración central, al tiempo que ha explicado que, en respuesta a ese planteamiento, Andalucía y el resto de las comunidades autónomas convocadas a la reunión han trasladado al Ministerio la exigencia de que sufrague «el coste íntegro» de las 5.036 plazas propuestas. Asimismo, ha destacado que «la cobertura estatal de sólo un tercio de los gastos asociados a ese nuevo personal, que se sigue vinculando a los 4.200 fijados inicialmente y que se cuantifica en unos nueve millones para el sistema universitario andaluz, es «insostenible» para las comunidades.
«Todas vamos a tener que hacer frente, una vez finalizados los seis años de duración de los contratos de ayudantes, a sus salarios a través de otras figuras laborales, ya que pasarán a formar parte del personal docente e investigador de las universidades», ha incidido. En ese contexto, el director general de Coordinación Universitaria ha querido dejar constancia de que «poner en marcha una ley universitaria estatal sin prever financiación para las regiones va en detrimento de la calidad y la excelencia de la actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento que se lleva a cabo desde el sistema público universitario».
Por otro lado, ha lamentado que el plan de financiación del Gobierno central «resulta insuficiente y parcial», ya que sólo se centra en la dedicación del profesorado sin plantear soluciones al resto de aspectos que están implicados en el cumplimiento de este nuevo marco legal. Por eso, desde la Consejería de Universidad, se ha pedido en «reiteradas ocasiones» al Gobierno que tenga una visión «más global» y ha considerado «urgente» que el Ministerio de Ciencia determine el coste total que supondrá la implantación de esta ley.
De acuerdo con el estudio elaborado por los rectores, el compromiso financiero de la LOSU representa para el sistema público universitario andaluz una inyección adicional de 159,3 millones de euros, unos números que, a su juicio, «deberían servir de base para concretar la financiación necesaria por parte del Ministerio». Para el director general de Coordinación Universitaria, esta cuantía «dista bastante» de la partida de nueve millones que está dispuesta a asumir la ministra Diana Morant con la contratación de los ayudantes doctores en el sistema universitario andaluz.
«El Gobierno central tiene la responsabilidad de hacer frente a todas las exigencias financieras asociadas a la LOSU, que están más cercas de lo calculado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)», ha incidido Salas. Asimismo, ha remarcado que el Ministerio «no puede hacer recaer en las comunidades unas exigencias de financiación que son competencia claramente estatal», asegurando que «regiones como la andaluza ya despliegan un esfuerzo muy superior a la media».
Según ha aclarado, el compromiso inversor del Ejecutivo autonómico convierte a Andalucía en la que más destina a educación pública universitaria respecto a su PIB, con un porcentaje que alcanzó ya el 1% en 2023 gracias a la aplicación parcial del nuevo modelo de financiación. Precisamente, en septiembre del año pasado, la Junta aprobó, con el consenso de los rectores, el nuevo instrumento que guía la distribución de recursos, garantizando la suficiencia financiera y dando certidumbre al conjunto del sistema. Para este ejercicio 2024 dicha herramienta cuenta con una cifra récord de 1.685 millones, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida reservada el pasado 2023.
