Representantes del movimiento feminista, de organizaciones de mujeres y de otras asociaciones de toda Andalucía se han reunido este miércoles en Córdoba para acordar «respuestas conjuntas ante el ataque a los proyectos de igualdad, de prevención y atención a las víctimas de violencia de género, de formación y empoderamiento, y de exclusión social», que no recibirán subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como hasta ahora.
Así lo ha señalado, en un comunicado remitido a Europa Press, una de estas representantes de las hasta 70 asociaciones y colectivos de mujeres de toda Andalucía que se han reunido en Córdoba, en este caso la portavoz en este foro de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (Palem), Josefa Sierra.
En el encuentro se ha debatido en torno al hecho de que «la resolución de la orden del IAM, para la realización de proyectos de igualdad, prevención y atención a las víctimas de violencia de género y exclusión social ha dejado fuera a 241 proyectos en toda Andalucía», lo que, según ha lamentado Sierra, «significa que amplias zonas de Andalucía no van a poder desarrollar acciones que afectan de manera directa al bienestar, salud y protección de las mujeres».
En opinión de Sierra, «con este nuevo procedimiento el IAM viene a incumplir las resoluciones internacionales de la Cedaw, del
Convenio de Estambul, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, así como el propio Estatuto de Autonomía andaluz y la Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía».
Una de «las graves consecuencias» de ello, según ha precisado la portavoz de Palem, es que «el retraso de la resolución definitiva de 2019, que ha salido en los últimos días de diciembre, ha provocado que haya organizaciones que ya han ejecutado o empezado a ejecutar los distintos proyectos, muchos de ellos de continuidad, que se venían desarrollando de manera habitual año tras año, y que realizaban servicios que son legalmente competencia de la administración pública».
Entre los acuerdos adoptados por las asociaciones reunidas, según ha avanzado Sierra, están el de manifestar su «rechazo a la resolución definitiva» y su disposición a «adoptar todas las medidas legales» que tengan a su alcance, así como la de «emprender movilizaciones, al entender que esta resolución puede y debe ser revocada».
