El PSOE insiste en que el primo de Almeida sea imputado pese a que ya había sido desestimado por el juez

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    La acusación popular que representa al PSOE ha solicitado al juez Adolfo Carretero que cite a declarar como imputado a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, ante las dudas que existen en cuanto a su intervención en el caso de las mascarillas.

    En un recurso de reforma, al que tuvo acceso Europa Press, el PSOE impugna el auto por el que el instructor denegó que Carlos Martínez-Almeida compareciera en calidad de investigado a instancias de Podemos y Grupo Mixto. En estos momentos, el familiar del alcalde está declarando en el juzgado en calidad de testigo.

    Esta acusación popular solicitó inicialmente que Carlos, abogado de profesión, declarase como testigo pero ha cambiado su postura tras las declaraciones de la antigua profesora de universidad y directora de la universidad americana CIS, María Díaz de la Cebosa.

    Esta testigo manifestó que antes de facilitar a Luis Medina el contacto de Carlos, habló con el familiar del alcalde para pedirle permiso, sin comentarle que se trataba de un personaje público, y éste le comentó que buscaría un correo genérico.

    Ayer mismo, el juez solicitó en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, al Ayuntamiento de Madrid que le informe si en el año 2020, cuando se inició la pandemia, había un correo general para recoger las propuestas sobre material sanitario, a instancias de una solicitud de Podemos.

    En el escrito del PSOE, al que tuvo acceso Europa Press, se solicita que el familiar de Almeida sea convocado ante el juez como investigado ya que existen «importantísimas lagunas» con respecto a su intervención.

    Subraya que resulta «sorprendente» que no conste el presunto correo enviado por Luis Medina a Elena Collado o al presunto email genérico, presentando «la oferta que resultó elegida, razones todas ellas que han de propiciar la solicitud de diligencias más allá de la propia declaración de Martínez Almeida, que coadyuven a resolver las dudas existentes sobre la intervención de este en los hechos investigados».

    El letrado del PSOE esgrime que Carlos Martínez-Almeida «habría intercedido por los investigados por cuanto él es el que les puso en contacto con Elena Collado, como el contacto directo con el Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo su plan, sin formar parte de dicho organismo público».

    Insisten en que fue él quien directamente puso en contacto a los investigados con el «Ayuntamiento de Madrid», «un contacto que, al menos, a Luis Medina le reportó un millón de euros en concepto de comisiones.

    El abogado del PSOE entiende que sería relevante determinar si
    Carlos Martínez Almeida «comentó, lo habló o informó en algún momento a quien es su primo, José Luis Martínez Almeida, la oferta que Medina quería transmitir al Ayuntamiento de Madrid».

    «Desconocemos si más allá de la intermediación de Martínez Almeida, también pudo estar concertado con los acusados para llevar a buen término la operación objeto de investigación, así como desconocemos cuanto conocía de los términos de la operación investigada», subraya.

    Agrega que desconocen «si con su actuación era consciente, inconsciente, del daño que se podría producir a las arcas públicas, al satisfacer el Ayuntamiento en comisiones prácticamente la mitad del precio pagado, inflándose artificiosamente éste y en qué grado participó
    de ello en connivencia con los acusados».

    Por último, recalca el PSOE que desconocen «en qué términos se produjo», ya que no saben si había otros directamente beneficiados o si existía un concierto para que de un modo indirecto pudieran beneficiarse otros en un momento posterior que el papel de Martínez Almeida, y especialmente por la importancia que los investigados dieron al «contacto» que este facilita con el Ayuntamiento».

    Consideran que ello podría ser constitutivo de delitos por su participación con «los investigados en los que se atribuye a estos, con al menos un carácter de cooperador necesario, ya sean en la estafa o en una malversación de caudales públicos, o podría existir, al menos indiciariamente, una actuación que podría calificarse de tráfico de influencias, en función de su papel entre los investigados y el Ayuntamiento».

    «La persona, que, en este momento y según lo instruido, podría haber influido en algún funcionario público o autoridad para que los planes de los acusados se llevaran a cabo, es Martínez-Almeida, directa o indirectamente», subraya.

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