La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará este jueves su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que recibió un total de 18 enmiendas y que en su borrador reclama el cierre de pozos ilegales y una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los cuatro proyectos gasísticos.
El borrador del informe expone un total de once recomendaciones relacionadas en su mayoría con el agua, aunque una también se refiere a los proyectos de gas que planean sobre Doñana. En primer lugar, considera que el modelo de gestión de recursos hídricos debería estar implementado de manera más eficaz para que la distribución del uso del agua esté condicionada a los requisitos medioambientales, sociales y económicos de planes de agua establecidos por las instituciones competentes.
También pide una supervisión de la implementación de las directivas sobre agua. En esta línea, el informe habla de solicitar tanto a las autoridades nacionales como regionales y locales, ONG, investigadores y agricultores y demás profesionales de la sociedad civil a «involucrarse» en un diálogo constructivo y en un plan de acción para recuperar el acuífero de Doñana.
Igualmente, solicita a las administraciones y autoridades del agua que colaboren para «detener inmediatamente» la extracción ilegal de agua y, como medida de precaución, procedan a cerrar todos los pozos ilegales.
De hecho, en cuanto al acuífero, se pide también un plan de extracción para el mismo para que las aguas de los ecosistemas de Doñana puedan ser identificadas con el fin de contribuir a su conservación. Por último, solicita una purificación «más efectiva» de las aguas que fluyen hacia Doñana y más fondos de la Unión Europea para la conservación de los espacios de la red Natura 2000.
EVALUACIÓN COMBINADA DEL PROYECTO DE GAS
En cuanto a los proyectos de gas en Doñana, el borrador del informe pide todas las autoridades responsables de las mismas una «evaluación complementaria combinada» de los cuatro proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto en su conjunto.
Así, hace una llamada a las autoridades pertinentes para «aplicar el principio de precaución», a fin de preservar este ecosistema único que es Doñana y subraya la necesidad de explorar medidas que respeten el ordenamiento jurídico para ofrecer la máxima seguridad jurídica y garantías para las partes involucradas.
Por último, reclama los informes abiertos de violaciones a la explotación del acuífero de Doñana, así como a proyectos de gas en el área, dado que «existe una necesidad urgente de continuar brindando soluciones para evitar el deterioro» del espacio natural.
El documento que engloba estos puntos fue presentado formalmente el pasado 20 de febrero en una sesión plenaria de la Eurocámara y se votará a solo un mes de que se disuelva el parlamento para las elecciones europeas del 24 de mayo.
El día de la presentación, el presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, valoró los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados.
Entre los principales problemas que señala el informe, recordó Csáky, destaca el estado del acuífero de Doñana y la necesidad de tomar medidas contundentes para detener la extracción ilegal de agua, así como someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado.
Además, un representante de la dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea tomó la palabra para recordar que Bruselas llevó el pasado enero a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan el humedal de Doñana, ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales.
En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos.
