Facua Andalucía ha acusado este martes a la Junta de «disfrazar de trabas administrativas la eliminación de derechos» de los consumidores a través del Decreto Ley 26/2021, publicado el pasado 14 de diciembre y por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica de la comunidad.
En un comunicado, Facua ha tachado de «intolerable» el proceder del Gobierno andaluz con este decreto, que según esta organización, incluyen medidas que «suponen una merma de garantías para la ciudadanía, ya que implican retrocesos en materia de protección de los usuarios y se avanza en la desregulación en materia urbanística y medioambiental, favoreciendo la especulación y un modelo económico depredador».
En este sentido, ha detallado que la normativa «impacta de forma directa en 80 normas y en aproximadamente 300 trámites administrativos, afectando a materias que inciden en los consumidores en distintos ámbitos, destacando el comercial y turístico». Además, ha apuntado que el decreto «atañe a derechos y criterios de calidad como, por ejemplo, la eliminación del derecho del consumidor a comprobar en las gasolineras si la cantidad de carburante suministrado es correcta».
«Con la norma anterior, el usuario podía solicitar la comprobación de la exactitud de la cuantía de producto surtido por los equipos. A partir de ahora, se elimina esta herramienta básica para saber si se está facilitando la dosis efectivamente adquirida», ha sostenido.
Facua ha destacado que «se elimina el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en el que debía inscribirse obligatoriamente hasta ahora toda persona jurídica o física que ejerciera una actividad de estas características en la comunidad» y que «también deja de tener vigencia el Registro General de Comerciantes Ambulantes y el de Ferias Comerciales Oficiales, siendo estos aspectos de importancia para la localización de un empresario en caso de un conflicto con un consumidor».
«Con la nueva norma, se deja de exigir el requisito de disponer de sala de estar en los hostales con categoría de una estrella y en las pensiones, lo que supone una evidente merma en la calidad y comodidad de dichos alojamientos», ha agregado.
En el ámbito comercial, Facua ha considerado que «a pesar de no haber sido debatido en ningún momento en el seno del Consejo Andaluz de Comercio, se ha producido un gran cambio en la normativa».
La federación ha indicado que «las medidas vienen a satisfacer los intereses de las grandes superficies comerciales, relacionadas directamente con ampliar la posibilidad de que éstas puedan aumentar su horario de apertura en domingos y festivos».
Así, «se les permitirá a las grandes superficies abrir domingos y festivos durante Semana Santa y verano en los municipios declarados turísticos, a los que se les han flexibilizado los requisitos para obtener esta denominación, independientemente de que se acrediten o no pernoctaciones o afluencia de turistas en ese periodo», ha comentado.
La nota de prensa ha subrayado además que «se permitirá que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta de hasta dos domingos y festivos recogidos en el calendario comercial», modificaciones que «suponen un beneficio directo para las grandes superficies e implican un claro detrimento para el pequeño comercio, por lo que se pone en peligro el equilibrio entre formatos».
«Esto supondrá en el futuro un menoscabo de este servicio para los consumidores al reducirse la capacidad de elección entre distintas opciones y al facilitar un modelo comercial monopolizado por las grandes superficies, caracterizado por la potenciación de modelos consumistas», ha afirmado.
A juicio de Facua, «la norma supone una absoluta desregulación del sector, eliminando herramientas de planificación comercial, los registros comerciales o elementos de control para la apertura de grandes corporaciones».
Por ello, ha apuntado que la Junta «abandona absolutamente la planificación del desarrollo comercial de la comunidad, obviando conceptos que han venido manteniendo el equilibrio comercial de la región, como la idea del comercio-ciudad que mantiene a los centros urbanos y a los pueblos vivos, potenciando su sostenibilidad a través de la apuesta del tejido comercial de los barrios y pueblos. Ahora, se deja el desarrollo del comercio únicamente en manos del mercado».
Asimismo, ha sostenido que estas modificaciones «ahondan más en la desregulación, rompen las políticas de consenso y equilibrio característicos de la comunidad autónoma, que eran posibles debido a la participación de las organizaciones de consumidores, entre otras, en su elaboración. Además, permitían un equilibrio de formatos. Estas variaciones se hacen en único beneficio de las grandes superficies comerciales a las cuales se les facilita más apertura con la eliminación de requisitos».
La organización ha apuntado que «mediante este decretazo, el Gobierno andaluz ha aprovechado para realizar cambios de gran importancia en materia sanitaria, con el fin de potenciar y beneficiar a las distintas empresas del ámbito de la sanidad privada». En este sentido, ha asegurado que «se facilita la posibilidad de que procesos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades se realicen en un mayor número de centros al reducir los requisitos para que éstos concurran en procesos de contratación administrativa de prestación de servicios públicos de atención sanitaria».
«Es decir, se facilita que los centros sanitarios privados asuman servicios propios de la sanidad pública», ha señalado antes de destacar que «el decreto abre la puerta de la contratación pública para la realización de actividades sanitarias a entidades titulares de centros sanitarios autorizados que no tienen la consideración de hospitales».
Por otro lado, Facua ha sostenido que «la norma profundiza en la eliminación de garantías de carácter medioambiental en distintos procedimientos, eliminando herramientas de control previo de actividades en determinados terrenos como autorizaciones o informes» y que así «en aquella normativa andaluza que suponía una mayor garantía para los andaluces en materia de medio ambiente, se ha dado un paso atrás sustituyéndolos por requisitos más sencillos para las empresas».
La federación ha considerado que «el Gobierno andaluz ningunea la participación de las organizaciones de la sociedad civil andaluza al modificar medidas de enorme calado por medio de un decretazo», y ha destacado que «a las asociaciones de consumidores no se les ha facilitado en ningún momento texto alguno para poder realizar las observaciones pertinentes, ni siquiera respecto a aquellos elementos que afectan de forma directa a derechos y garantías de los usuarios. Sin embargo, sí que se ha contado con la patronal Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)».
En este sentido, Facua Andalucía ha advertido de que el trámite utilizado para este decreto «vuelve a ignorar cualquier elemento de diálogo o participación ciudadana, obviando los mandatos tanto de la Constitución española como del Estatuto de Andalucía», y ha criticado que el texto «se haya consensuado con la patronal, como se deduce de las declaraciones realizadas en la presentación de las medidas el pasado 13 de diciembre, en la que participó el propio presidente de la CEA junto a gran parte del Gobierno».
«Una vez más, el Gobierno andaluz ha puesto de manifiesto su nulo compromiso con la participación social, ya que gran parte de las medidas deberían haber pasado anteriormente por distintos consejos de participación, como es el Consejo Andaluz de Comercio, el de Turismo, el de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía o el Consejo Económico y Social, entre otros, obviando por tanto la normativa que regula las funciones de los distintos órganos», ha concluido.
