La Diputación de Cádiz se suma a las reivindicaciones de la FEMP sobre financiación local

La reinversión del superávit, la tasa de reposición y la distribución de fondos para los municipios, temas prioritarios

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La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha tomado parte en la reunión celebrada en Pontevedra de Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha anunciado que se suma a las peticiones expresadas hoy por su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como a las acciones reivindicativas que se propongan para ello.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha tomado parte en la reunión celebrada en Pontevedra de Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha anunciado que se suma a las peticiones expresadas hoy por su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como a las acciones reivindicativas que se propongan para ello.
De hecho, en esta reunión las diferentes entidades locales han discutido la necesidad de articular medidas para exigir al Gobierno Central acciones encaminadas a mejorar la financiación y la autonomía en la gestión de las administraciones locales.

A este respecto, la presidenta de la Diputación ha explicado que entre las diferentes entidades reunidas hoy existe “preocupación y cansancio”, por la “nula atención que tiene el Gobierno de España con todos los ayuntamientos”, en relación con una serie de requerimientos el Ejecutivo determina para que el superávit que registran pueda ser reinvertido.

Por ello, Irene García ha exigido la “aplicación de una ley de medidas extraordinarias” a nivel estatal, para que cada entidad pueda emplear el superávit “del modo en que cada uno entienda que ha de invertirse” y ha solicitado a Moncloa que ponga fin a “la exigencia de inversiones financieramente  sostenibles” para entidades saneadas.

La presidenta también ha manifestado su desacuerdo con la nueva propuesta de la tasa de reposición de efectivos en las administraciones y ha defendido la autonomía de ayuntamientos  u otras administraciones locales para que “podamos reforzar nuestras plantillas en virtud de las debilidades que tengamos”. El encuentro en Pontevedra también ha servido para poner de manifiesto la necesidad de una mejor distribución de fondos para garantizar la solvencia y autonomía de las administraciones locales.

Irene García ha confirmado que la Diputación Provincial de Cádiz se va  a sumar a las diferentes acciones que la FEMP proponga para que se hagan realidad este conjunto de reclamaciones.  Desde 2012, los municipios, diputaciones, cabildos y consejos insulares han ahorrado casi 32.000 millones que la ley de sostenibilidad de Gasto impide que puedan reinvertirse en acciones que no sean sostenibles. La propia presidenta de la Diputación de Cádiz viene reclamando en numerosas ocasiones que se elimine este requisito y puedan reinvertirse los remanentes positivos de tesorería en acciones que beneficien directamente a la ciudadanía y que no se penalice a las administraciones “que han gestionado bien sus recursos”.

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha subrayado que los responsables locales “no nos podemos quedar de brazos cruzados” ante la falta de respuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro a las demandas de la Federación sobre la reinversión del superávit de los municipios y provincias españoles.

Solicitamos una reunión con él hace un mes y medio y otra, nuevamente, el último martes de enero tras la reunión de la Junta de Gobierno”, para las que aún no se ha obtenido respuesta. “Y la paciencia se nos agotó –subrayó- por lo que no descarto más acciones y más potentes” de las Entidades Locales para dar una salida a esta cuestión, “que nos permitan utilizar nuestro ahorro”, acciones a emprender este mismo mes, en los próximos días.

Se trata, remarcó “de la mayor preocupación de que tenemos los 8.125 Alcaldes y Alcaldesas y todos los Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares”. “Nosotros queremos invertir estos recursos en favor de los ciudadanos de cada territorio, pero las leyes en vigor no nos lo permiten”, indicó.

La falta de una Ley de PGE, que habilitaría para hacerlo, hace necesario que se elabore una ley específica que permita destinar esa inversión” a políticas sociales, de empleo, o a políticas activas, para obra pública que genere empleo”.

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