La diputada nacional por el Partido Popular de Cádiz, Mª José García Pelayo, ha denunciado que sólo el 1.7 por ciento de los gaditanos solicitantes del Ingreso Mínimo Vital tiene reconocida la prestación.
También ha asegurado que la media de expedientes concedidos en Cádiz es 8 puntos menor que la media nacional. Por ello ha reclamado al Gobierno que se agilice la tramitación y modifique el procedimiento para abonar estas ayudas de forma más diligente. Por su parte, el PSOE le ha respondido solicitando que la Junta reactive la Renta Mínima.
La diputada nacional por el Partido Popular de Cádiz, Mª José García Pelayo, ha denunciado la mínima ejecución y el colapso en la tramitación cinco meses después de la puesta en marcha del programa del Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno para atender a las personas en especial situación de vulnerabilidad y falta de ingresos.
Según datos facilitados por el Gobierno a una iniciativa registrada por la diputada, en la provincia de Cádiz se han presentado un total de 33.041 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital de las que, a fecha de finales de septiembre, apenas se han aprobado 589 ayudas, según la popular. Al margen de los expedientes solicitados, ha puntualizado que se suman otras 4696 prestaciones de oficios concedidas a perceptores de la prestación familiar por hijo.
Esto significa que sólo al 1.7 % de los gaditanos solicitantes del IMV se les ha reconocido este derecho, un dato que ha calificado como preocupante.
Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE por Cádiz, Araceli Maese, ha recordado a la diputada nacional del PP que en esta crisis, según ha afirmado, también ayudaría mucho que la Junta de Andalucía reactivase la Renta Mínima, de su competencia, para la que había asignada una partida de 140 millones de euros para apoyar a unos 15.000 andaluces que actualmente la tienen concedida, según ha añadido.
Para la parlamentaria socialista, la Renta Mínima andaluza podría complementar la ayuda del Ejecutivo central y hacer de colchón mientras no se resuelven los expedientes por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, según ha afirmado, se ha visto desbordado porque se han recibido más de un millón de solicitudes vía telemática y se han procesado 350.000.
Maese ha asegurado que ya se están haciendo cambios con las comunidades autónomas para acelerar los trámites que pegarán un acelerón a partir del presente mes y se seguirán haciendo ajustes para ser más eficaces.
