Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Puede haber sanciones administrativas de entre 601 y 600.000 euros o prisión, pero sólo en casos extremos de desobediencia ciudadana.
Según precisan fuentes del Ministerio del Interior, la orden de este domingo que regula los controles policiales en todo el país lo que busca en un principio es informar a los ciudadanos de las restricciones en sus movimientos: se puede salir de casa para ir a trabajar o a un centro médico, cuidar de una persona dependiente o ir al banco; también para necesidades domésticas como tirar la basura o pasear durante un momento al perro.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska añaden que no se precisa por parte de los ciudadanos que en sus movimientos lleven algún tipo de salvoconducto.
El ministro ha dictado este mismo domingo, horas después del Consejo de Ministros que aprobó este sábado la declaración del estado de alerta, la orden por la que asume el control en última instancia de las policías autonómicas y locales, además de Policía nacional y Guardia Civil. También hace lo propio con la seguridad privada. Para ello, ha creado un Centro de Coordinación Operativa.
